Por Glenn Flores
Cuando una mujer hondureña denuncia violencia doméstica, su caso no siempre llega a un despacho preparado para recibirlo. Llega a uno que ese mismo día resuelve lo que tenga enfrente. No es un problema de personas. Es un problema de diseño.
Los juzgados especializados en violencia doméstica existen para corregir eso. Un juez con formación en género lee un expediente de manera distinta. Detecta lo que un despacho generalista puede archivar como conflicto de pareja. Aplica medidas cautelares con mayor precisión. Reduce el tiempo entre la denuncia y la respuesta, que es el período donde más ocurren las represalias.
La víctima que abandona el proceso a mitad no lo hace porque cambió de opinión. Lo hace porque el sistema la agotó antes de protegerla. Las audiencias postergadas, los traslados largos, la sala de espera donde coincide con el agresor, el lenguaje técnico que nadie le explicó. Un juzgado especializado no elimina todos esos obstáculos, pero fue construido sabiendo que existen. Esa diferencia se nota en las tasas de sentencia y en algo más difícil de medir: en cuántas mujeres deciden denunciar la segunda vez.
Honduras tiene los instrumentos legales. Firmó la Convención de Belém do Pará, cuenta con una Ley contra la Violencia Doméstica y ha avanzado en protocolos institucionales que sobre el papel son sólidos. El problema no es la norma. Es la distancia entre lo que la norma promete y lo que el sistema entrega cuando una mujer llega a pedir que la protejan.
Ampliar la cobertura de juzgados especializados en el territorio nacional no requiere una reforma constitucional ni un presupuesto extraordinario. Requiere reconocer que la violencia doméstica no se concentra solo donde ya existe el despacho para atenderla. Ocurre en todos lados. La respuesta del Estado también debería.
