En noviembre de 2023, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, invitaba a los hondureños a preguntarle a la representante de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, del por qué aún en esa fecha no estaba instalada la CICIH en el país.
“Yo les pido que le pregunten a la gente de la ONU ¿por qué no viene la CICIH si ya hemos establecido todo? La CICIH ya está lista. Es más, en 2022 hicimos un decreto que establece que esa comisión está en Honduras”, expresó Redondo en ese 27N.
Cuatro meses después, ayer 21 de marzo de 2024, el diputado del partido oficialista Libre, Ramón Barrios, responde a esa pregunta con otra versión sobre el “estado de salud” de esa prometida comisión anticorrupción dentro del laberinto legal del Congreso Nacional.
El 85 por ciento de las demandas de las Naciones Unidas para crear y dirigir la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) pasan por el Congreso Nacional, que debe reformar leyes y abolir otras, dice ahora el más informado de los diputados de Libre en el Poder Legislativo.
En su intervención en el programa Frente a Frente de Televicentro, el legislador admitió que ciertas reformas que exige el organismo mundial pasa por reformar la Constitución de Honduras y para ello se requiere 86 votos y ratificarla el año siguiente.
En esa línea, una de las reformas que demanda la ONU es que la CICIH realice investigaciones sobre corrupción y lleve los casos ante los tribunales, pero para que eso ocurra se necesita reformar la Constitución, ya que en la actualidad es una competencia exclusiva que la Carta Magna le asigna al Ministerio Público.
Para superar este complejo obstáculo legal, Barrios plantea el mecanismo del querellante adhesivo, una figura que inicialmente la sugirió el exfiscal general Edmundo Orellana y la cual consiste en que la CICIH solo acompañe al Ministerio Público cuando se presenten en los tribunales los casos de corrupción, quitándole de esta forma una independencia que la ONU reclama como clave para tener éxito en su misión.
Según Barrios, la factibilidad de ese mecanismo para una futura CICIH es que su aprobación dentro del Congreso Nacional solo requiere 65 votos y no debe ratificarse.
“Es más rápido y fortalece institucionalmente al Ministerio Público”, justifica.
Lea También: Inspecciones masivas para proteger a consumidores en Semana Santa 2024