Una jueza federal de Estados Unidos ordenó el desmantelamiento en un plazo de 60 días del centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado al oeste de Miami, tras acoger parcialmente una demanda presentada por grupos ambientalistas y la tribu indígena Miccosukee.
La magistrada Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, consideró los argumentos de organizaciones como Friends of The Everglades y el Center for Biological Diversity, que advertían sobre el daño ambiental que causa el centro a los Everglades, un ecosistema único donde habitan 36 especies amenazadas, incluidas panteras, caimanes y cigüeñas.
Restricciones inmediatas
La orden judicial prohíbe la entrada de nuevos migrantes al centro, la instalación de infraestructura adicional como dormitorios o cercos, así como excavaciones o pavimentación en el área. No obstante, se permite el mantenimiento de las estructuras ya existentes.
Una vez cumplido el plazo de 60 días, las autoridades deberán retirar el cerco perimetral, desmontar la iluminación industrial y eliminar las instalaciones de gas, drenaje y desechos, además de garantizar el libre acceso de la tribu Miccosukee a sus territorios ancestrales.
Contexto del centro migratorio
El polémico centro abrió el 3 de julio en un aeropuerto abandonado tras una visita del entonces presidente Donald Trump.
El proyecto fue impulsado por el gobernador republicano Ron DeSantis, con capacidad inicial para 2.000 migrantes y planes de expansión a 4.000, según la División de Gestión de Emergencias de Florida (DEM).
El congresista demócrata Maxwell Frost, tras visitar las instalaciones, señaló que actualmente solo quedan 336 migrantes, frente a casi 1.000 que había semanas atrás.
“El mismo estado entiende que podrían ordenarles cerrarlo pronto”, afirmó en un video difundido en redes.
Una victoria ambiental, no definitiva
“Esta es una victoria emblemática para los Everglades e incontables estadounidenses que creen que las especies en peligro deben protegerse, no explotarse”, celebró Eve Samples, directora de Friends of The Everglades.
Sin embargo, la disputa legal está lejos de concluir. El gobernador DeSantis y el fiscal general de Florida, James Uthmeier, han cuestionado la legitimidad de la jueza Williams, nominada en 2010 por el expresidente demócrata Barack Obama.
En paralelo, sigue pendiente otra demanda, esta vez encabezada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que busca el cierre del centro por denuncias de violaciones a los derechos humanos de los migrantes allí recluidos.
Trump inaugura «Alligator Alcatraz», un centro migratorio entre caimanes