California.— Una jueza federal de Estados Unidos declaró este miércoles ilegal la decisión del Gobierno de Donald Trump de anular el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 60.000 inmigrantes de Nicaragua, Honduras y Nepal, al considerar que no se respetaron los procedimientos establecidos por la ley.
La jueza Trina Thompson, del estado de California, determinó que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, actuó de manera “predestinada” al ordenar la cancelación del beneficio migratorio y no cumplió con los requisitos exigidos por la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés).
En su fallo, Thompson restauró el TPS para las nacionalidades afectadas y rechazó una solicitud del Gobierno para desestimar la demanda.
La magistrada explicó que el DHS se apartó de su práctica habitual al reducir el periodo de transición tras la terminación del TPS a solo 60 días, sin una justificación adecuada.
De acuerdo con el documento judicial, la jueza declaró que “la terminación del TPS para Nepal el 6 de junio de 2025 y la de Honduras y Nicaragua el 7 de julio de 2025 fueron ilegales bajo la APA”, dejando sin efectos la orden emitida por Noem.
La demanda fue presentada por inmigrantes amparados por el TPS, quienes alegaron que el DHS puso fin a la protección que los resguardaba de la deportación motivado por una supuesta “animosidad racial”.
Reacciones y apoyo a la decisión
Organizaciones que representaron a los beneficiarios del TPS reaccionaron positivamente al fallo judicial, aunque advirtieron que la anulación previa del beneficio ya causó perjuicios a personas que llevan décadas residiendo en Estados Unidos.
“La decisión judicial de hoy restaura las protecciones del TPS para miles de migrantes”, señaló Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política Migratorios de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), quien además recordó que “los empleadores están legalmente obligados a cumplir con sus documentos de autorización de trabajo”.
El TPS es un beneficio migratorio que el DHS puede otorgar a ciudadanos de países que enfrentan situaciones extraordinarias, como desastres naturales o conflictos armados, que impiden el retorno seguro de sus nacionales.
La decisión judicial representa un alivio temporal para miles de familias migrantes que dependen de este estatus para permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Decisión final sobre el TPS de hondureños se conocerá hasta en enero