El futuro de miles de hondureños amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) se definirá el 22 de enero de 2026, fecha en que el juez del caso emitirá la resolución final.
La audiencia más reciente, que se extendió por más de cuatro horas, permitió a la defensa de los beneficiarios presentar sus argumentos, aunque la incertidumbre persiste.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, indicó que “la moneda queda en el aire” y recordó que alrededor de 50 mil hondureños esperan el fallo. Algunos beneficiarios han sido detenidos, mientras que otros optaron por la autodeportación ante la espera de la decisión.
El TPS, creado en 1990 como un mecanismo humanitario para proteger a extranjeros de deportaciones y otorgar permisos de trabajo, fue otorgado a Honduras en 1999 tras el devastador huracán Mitch.
Desde entonces, ha sido renovado 18 veces por gobiernos de ambos partidos en Estados Unidos.
La controversia actual comenzó en julio de 2025, cuando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, bajo la administración Trump, anunció la terminación del TPS para Honduras, argumentando que las condiciones en el país habían mejorado lo suficiente para permitir el retorno de los beneficiarios.
La resolución de enero será clave para determinar si los hondureños amparados en este programa podrán continuar residiendo legalmente en Estados Unidos o deberán regresar a su país de origen, generando expectativa y tensión en la comunidad hondureña.
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