Los medios de comunicación, con frecuencia centran su atención en los problemas cotidianos, dando poco espacio para el análisis de la corrupción que se arraiga tanto en el sector público como en el privado. Las profundas raíces de este mal traen un clima de desesperanza para los ciudadanos que perciben, en su mayoría, que la justicia social no puede ser alcanzada debido al sistema de impunidad que impera y gobierna.
En el Día Internacional Anticorrupción, los Estados Unidos anunció que revocaron visas a hondureños implicados en actos de corrupción y que se consideran responsables de socavar la democracia desde sus cargos públicos. Sin embargo, parece que estas acciones no intimidan a muchos de los implicados, quienes, disfrazados de legisladores, políticos, funcionarios, empresarios y militares, continúan sus prácticas de manera audaz e imparable. Algunos, con cinismo, declaran que no desean viajar a Estados Unidos, esta arrogancia muchas veces respaldada por el dinero mal habido, parece nublar su raciocinio y vivir solamente el momento, sin miedo al mañana, están dispuestos a no cambiar.
En un acto de venganza y pensando en sus mezquinos intereses, muchos de estos individuos, que han contribuido al deterioro de la institucionalidad del país, podrían ser los primeros en abogar por la ruptura de relaciones con Estados Unidos, pero paradójicamente, muchos de ellos envían a sus hijos e hijas a estudiar y vivir a Norteamérica, optando por una educación de primer mundo y para que gocen de una calidad de vida que nunca tendrán aquí, pero no se atreven a enviarlos a las naciones que tanto dicen admirar y defender, cuyos regímenes son autoritarios, como el caso de Cuba, Nicaragua o Venezuela.
Es relevante señalar que la cancelación de visas que ha tenido lugar recientemente no involucran a personas comunes y corrientes, que se van en busca de trabajo y quebrantan las leyes migratorias, se trata de individuos poderosos que ejercen un control considerable, capaces de tomar decisiones a su libre antojo, sin respetar la institucionalidad, algunos podrían hasta ser parte del crimen organizado, amparados por una fachada de ser personas de bien. Tienen una doble moral muy al estilo hondureño, forman parte de las élites, se creen intocables y disfrutan vivir en un país desorganizado, donde pueden hacer prácticamente lo que quieran sin miedo a las leyes, porque también las manipulan a su antojo.
La revocación de visas a hondureños ligados a actos deshonestos no es algo nuevo, forma parte de la estrategia de los Estados Unidos para frenar la corrupción en países como el nuestro. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, de EE.UU., Brian Nichols, expresó en un mensaje en X (antes Twitter) “las sanciones y las restricciones de visado son parte fundamental de las iniciativas de EE.UU. contra la corrupción”. El funcionario invocó la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, argumentando que la revocación es motivada por las acciones antidemocráticas que socavan la institucionalidad en Honduras.
Es curioso que Venezuela, considerado entre los más corruptos de Latinoamérica, junto con Nicaragua y Honduras, se atrevió a enviar un comunicado oficial al actual gobierno solidarizándose con los desvisados y recriminando la política injerencista del Gobierno norteamericano.
Honduras, como país democrático, debe aprender de una vez por todas que se debe actuar conforme a Derecho y de manera ética y responsable, sino siempre estará en medio de la polémica defendiendo intereses geopolíticos ajenos a los intereses nacionales. Solicitar una instancia como la CICIH es una medida necesaria y desesperada, en un intento de rescatar la institucionalidad, porque localmente ya se perdió la esperanza, pero hay que seguir luchando, hasta salir de estas honduras con aliados estratégicos que busquen el bien de los ciudadanos, no solo de los mismos sectores del país acostumbrados a lucrarse porque saben que gozan de la impunidad que reina en este terruño tropical.
