Para este día está programado el inicio del juicio oral y público contra la exministra de Finanzas, Rocío Tábora, vinculada al caso de la compra de hospitales móviles, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en el sistema de salud de Honduras.
En la misma causa figuran como imputados Carlos Luis Guevara, Héctor Ferrera y Daniel Ardón, quienes junto a Tábora enfrentan acusaciones por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, en calidad de cooperadores necesarios.
El proceso judicial se deriva de la compra irregular de hospitales móviles durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Las investigaciones señalan que las estructuras adquiridas no cumplían con las condiciones técnicas requeridas para el aislamiento y tratamiento de pacientes afectados por el virus.
El perjuicio económico para el Estado hondureño asciende a más de 47 millones 512 mil 564 dólares, equivalentes a mil 174 millones 517 mil 764.33 lempiras, según el expediente del caso.
Este juicio se suma a las condenas ya emitidas en relación con la misma causa. El exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, fue sentenciado a 10 años y 11 meses de prisión por fraude agravado.
Por su parte, el exgerente administrativo de Invest-H, Alex Moraes, recibió una condena de nueve años, cuatro meses y quince días de inhabilitación para ejercer cargos públicos por violación de los deberes de los funcionarios.
El inicio del juicio oral contra Tábora marca una nueva etapa en uno de los procesos judiciales más emblemáticos relacionados con la gestión de fondos públicos durante la pandemia, y será seguido de cerca por autoridades, medios de comunicación y la ciudadanía, dada la magnitud del perjuicio económico y la relevancia del caso para la transparencia en la administración pública.