La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), resolvió un caso que inicialmente fue denunciado como un secuestro en Tegucigalpa, pero que terminó siendo una auto-privación de libertad presuntamente planificada por el propio afectado.
El ciudadano, un ingeniero en Telecomunicaciones de 42 años y residente en la capital, había sido reportado como desaparecido desde el pasado 23 de junio. De acuerdo con la denuncia presentada ante las autoridades, supuestos integrantes de una estructura criminal lo habrían interceptado mientras realizaba diligencias personales.
Durante los días en que permaneció ausente, la pareja sentimental del hombre recibió mensajes mediante WhatsApp en los que desconocidos exigían el pago de 40 mil lempiras como supuesto rescate para lograr su liberación, lo que activó los protocolos de investigación de la UNAS.
Tras desarrollar labores de inteligencia, vigilancia y técnicas especiales de investigación, los agentes lograron ubicar al ciudadano en una vivienda de la residencial Los Robles, en Tegucigalpa. Según el informe policial, al momento de la intervención el hombre se encontraba descansando y no presentaba señales de haber sido víctima de algún delito.
Al ser entrevistado por los investigadores, el ingeniero manifestó de forma voluntaria que nunca estuvo secuestrado y confesó que él mismo organizó toda la situación porque deseaba poner fin a su relación sentimental y «quería unos días de paz».
La DPI indicó que, tras esclarecer los hechos, continúa con las diligencias investigativas para documentar el caso y remitir el expediente al Ministerio Público.
De acuerdo con las autoridades, el ciudadano deberá responder ante la justicia por el presunto delito de simulación de infracción inexistente, contemplado en la legislación penal hondureña, al haber provocado la activación de recursos policiales y una investigación por un hecho que finalmente resultó ser falso.
El caso también pone de relieve el impacto que generan las denuncias falsas, ya que movilizan personal especializado y recursos destinados a atender delitos de alto impacto, como los secuestros, afectando la capacidad de respuesta ante emergencias reales.