En una operación de impacto ejecutada en las últimas horas, funcionarios de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) lograron el decomiso de una fuerte cantidad de sandalias de diferentes marcas, por suponer que se incurre en el delito de uso ilegítimo de distintivos de marcas registradas.
La acción policial fue desarrollada en el punto de control fronterizo interno Las Crucitas, en el departamento de El Paraíso, mediante un trabajo coordinado entre la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
El operativo se realizó como parte de las estrategias permanentes orientadas a combatir el contrabando y la comercialización de productos que infringen la ley.
Durante la inspección de rutina, los agentes detectaron irregularidades en el traslado de cuatro fardos que contenían mercadería. Tras la revisión correspondiente, se contabilizaron un total de 551 pares de sandalias de diferentes marcas, las cuales, según las investigaciones presentaban indicios de uso indebido de distintivos comerciales registrados.
La mercancía decomisada tiene un valor aproximado en el mercado de 358,150 lempiras, lo que representa un importante golpe a las estructuras dedicadas a este tipo de ilícitos que afectan tanto a la economía formal como a los consumidores.
Cabe mencionar que las diligencias investigativas continúan para determinar la procedencia exacta de la mercadería y deducir las responsabilidades legales correspondientes conforme a lo establecido en la normativa vigente.
Asimismo, la DNSPF reitera su compromiso de mantener controles estrictos en los puntos fronterizos del país, con el objetivo de frenar el ingreso y traslado de productos falsificados o introducidos de manera irregular al territorio nacional.
Finalmente, se hace un llamado a la ciudadanía y al sector comercial a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la comercialización de productos falsificados, recordando que estas prácticas constituyen un delito y generan pérdidas económicas significativas al Estado y a las empresas legalmente establecidas.