Las autoridades ambientales de Honduras iniciaron una investigación para determinar el origen y el impacto de una presunta contaminación detectada en la aldea San Alejo, municipio de Tela, departamento de Atlántida, luego de que una denuncia ciudadana alertara sobre la presencia de una sustancia extraña en un cuerpo de agua.
La inspección fue realizada por técnicos del Instituto de Conservación Forestal (ICF), en coordinación con la Fuerza de Tarea Interinstitucional contra el Delito Ambiental (FTIA), quienes recorrieron el área para verificar la denuncia.
Durante la inspección, los equipos identificaron una sustancia química de color naranja intenso, con características viscosas y aceitosas, flotando tanto en un canal de drenaje como en el sistema de alcantarillado que, según el informe preliminar, proviene de una planta agroindustrial de Grupo Jaremar (AGROTOR).
Además del derrame, los inspectores localizaron varios barriles con una sustancia de apariencia similar, utensilios que presuntamente eran utilizados para recolectarla y estructuras improvisadas dentro del canal que aparentemente buscaban contener la propagación del material.
El ICF informó que la planta industrial se encuentra ubicada dentro de los límites del Parque Nacional Blanca Jeannette Kawas Fernández, específicamente en una Subzona de Uso Intensivo. Asimismo, explicó que el canal inspeccionado desemboca en el río San Alejo, cuyas aguas fluyen posteriormente hacia la Laguna de los Micos, uno de los ecosistemas de mayor importancia ambiental en la región Caribe.
Ante la posible afectación al área protegida, las autoridades anunciaron que realizarán análisis físico-químicos para identificar la composición de la sustancia, establecer su procedencia y evaluar los posibles efectos sobre la flora, la fauna y los recursos hídricos.
Como parte de las acciones, el Instituto de Conservación Forestal solicitó la intervención del Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y demás instituciones competentes para desarrollar una investigación integral, determinar si existe responsabilidad ambiental y, de ser necesario, ordenar las medidas de mitigación y reparación correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el origen del material encontrado ni han establecido responsabilidades, por lo que el caso permanece bajo investigación.