Palmerola, Honduras. Un hondureño de 31 años fue extraditado desde España y entregado a las autoridades nacionales para responder ante la justicia por suponerlo responsable del delito de violación, informó la Policía Nacional a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
El ciudadano, originario de Sabanagrande, Francisco Morazán, arribó a Honduras en un vuelo procedente de territorio español y fue recibido en Palmerola bajo la custodia de funcionarios de la Oficina Central Nacional de INTERPOL, quienes coordinaron su traslado y entrega a las autoridades competentes.
Orden de captura y detención en España
De acuerdo con las investigaciones, el caso se remonta al 2 de julio de 2020, cuando presuntamente ocurrió una agresión sexual en la aldea Limones, municipio de Sabanagrande, Francisco Morazán.
Por estos hechos, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa emitió una orden de captura contra el sospechoso el 17 de febrero de 2025.
Como parte de las acciones para localizarlo fuera del país, INTERPOL emitió una notificación roja el 2 de marzo de 2026. Posteriormente, el ciudadano fue detenido en Madrid, España, el 15 de abril del mismo año.
Las autoridades hondureñas continuaron con los procedimientos legales y diplomáticos necesarios para conseguir su entrega al país.
Coordinación internacional permitió la extradición
La solicitud de extradición fue aprobada el 21 de septiembre de 2026, lo que permitió concretar el traslado del hondureño a territorio nacional mediante la coordinación entre las oficinas de INTERPOL de Honduras y Madrid, con el apoyo de los canales diplomáticos correspondientes.
La operación forma parte de los mecanismos de cooperación internacional utilizados para localizar y poner a disposición de la justicia a personas que tienen órdenes de captura pendientes en Honduras.
Tras su llegada, el ciudadano quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes, que deberán continuar con el procedimiento legal correspondiente.
El caso seguirá su curso conforme a las leyes hondureñas, respetando las garantías procesales y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme.