Tegucigalpa. El estado de excepción en Honduras, vigente desde el 6 de diciembre de 2022, ha sido extendido por 45 días adicionales, hasta el 2 de octubre de 2024, según informó este jueves Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional.
El decreto PCM 030-2024, que oficializa esta prórroga, publicado ya en el diario oficial La Gaceta.
La medida de seguridad continuará vigente en 226 de los 298 municipios del país, afectando gran parte del territorio nacional.
En ese sentido, la nueva extensión entrará en vigor el 2 de octubre a las seis de la tarde y se prolongará hasta el 16 de noviembre de 2024.
El estado de excepción, inicialmente declarado el 6 de diciembre de 2022 bajo el decreto PCM-01-2023, como respuesta al incremento de delitos como la extorsión, el sicariato y el secuestro, cometidos principalmente por pandillas.
En aquel momento, las autoridades aseguraron que se trataba de una medida temporal para controlar la creciente criminalidad.
Sin embargo, casi dos años después, la extensión del estado de excepción ha sido objeto de severas críticas tanto a nivel nacional como internacional.
Expertos en seguridad advierten que, pese a las numerosas prórrogas, la falta de una política integral y preventiva sigue perpetuando los mismos resultados.
Mientras que las denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos en el marco de la medida han generado preocupación.
Violación a los derechos humanos
El Departamento de Estado de Estados Unidos destacó en su informe sobre derechos humanos de 2023 que se han registrado abusos durante la aplicación del estado de excepción, una situación que alarma a las autoridades estadounidenses.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha instado al gobierno hondureño a derogar el decreto.
Argumentando que su prolongación va en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) reconoció la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana en Honduras.
No obstante, subrayó que estas políticas deben desarrollarse dentro de un marco democrático y respetuoso de los derechos humanos.
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También se ha expresado preocupación por el involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.
Lo cual contraviene las promesas de desmilitarización del gobierno de Xiomara Castro.
A nivel local, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y organizaciones como la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ) han reiterado sus llamados a las autoridades.
Esto, para eliminar el decreto que mantiene el estado de excepción y desarrollar una política de seguridad ciudadana más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.
