Redacción. El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, confirmó este martes la captura del diputado nacionalista Nelson Márquez Euceda.
Las autoridades acusan a Márquez de participar en una red de corrupción que defraudó al Estado hondureño por más de 3,000 millones de lempiras.
La aprehensión fue ejecutada por la Policía Nacional y sus direcciones especializadas, en cumplimiento de una orden judicial emitida por un tribunal competente y en coordinación con el Ministerio Público.
Además de Márquez, también fueron detenidos Juan Fernando Madrid, Caronte Rojas Zavala y Raymundo Esaú Gradiz, todos vinculados a este caso de alto impacto.
El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFECO) y con apoyo de la FETCCOP, presentó un requerimiento fiscal contra una red compuesta por exfuncionarios, jueces y abogados.
Más de dos décadas de irregularidades, según MP
La acusación señala que durante más de dos décadas, los implicados se valieron de contratos irregulares, laudos arbitrales inválidos y manipulaciones judiciales para sustraer fondos públicos.
El fraude se habría originado tras el paso del huracán Mitch, cuando se adjudicó un contrato a la empresa DRC Inc., la cual no estaba legalmente habilitada para operar en el país.
Entre los señalados también figuran Martha Doblado Andara, excoordinadora general de Gobierno; Eva Vásquez, exdirectora legal de SEDECOAS-FHIS; y los jueces Issabel Miranda Hernández y Raymundo Gradiz Viloria.
Con la @PoliciaHonduras y sus Direcciones especializadas, atendiendo orden emanada de tribunal competente y en colaboración con el @MP_Honduras se capturó ya a las siguientes personas:
1. Juan Fernando Madrid Lezama
2. Caronte Rojas Zavala
3. Raymundo Esaú Gradiz Vilorio
4.… https://t.co/CA3QxFn7Fz— Gustavo Sanchez Velasquez (@hegusave) July 29, 2025
Falsificación de documentos
Según el requerimiento, los imputados falsificaron documentos, promovieron demandas simuladas, utilizaron reglamentos sin validez legal y crearon conflictos ficticios entre empresas para forzar pagos ilegítimos desde el Estado.
Parte de los fondos obtenidos fueron presuntamente depositados en cuentas personales de los involucrados y de sus familiares, según las investigaciones del Ministerio Público.
Asimismo, se identificaron acuerdos confidenciales y presiones indebidas para exigir pagos, incluso después de que tribunales ya habían declarado nulo el laudo arbitral utilizado como base para las demandas.
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El caso continúa bajo investigación, y se esperan nuevas acciones judiciales en los próximos días.