La designada presidencial, María Antonieta Mejía, informó que el proyecto del Presupuesto General de la República para el año 2026 podría ser remitido al Congreso Nacional durante la próxima semana, tras concluir los ajustes finales al documento.
“Faltan algunos detalles finales, pero yo le daría de aquí a la próxima semana que se estaría presentando en el Congreso Nacional”, expresó la funcionaria, quien además señaló que se realizan reajustes para reducir el monto total del presupuesto.
Según Mejía, la cifra final rondaría los 415 mil millones de lempiras, una reducción respecto al proyecto aprobado previamente por el Consejo de Ministros de la administración de Xiomara Castro, que ascendía a 469 mil 249 millones de lempiras, equivalente a un incremento del 8.2 % en comparación con el presupuesto de 2025.
La designada explicó que el proceso de ajuste responde, en parte, a la necesidad de corregir la sobrecarga de personal en varias instituciones del Estado y otras irregularidades administrativas detectadas.
Asimismo, destacó que el nuevo presupuesto contempla un enfoque en la lucha contra la corrupción, mediante el fortalecimiento del Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
En ese sentido, anunció que se trabaja en una reforma a la ley del TSC para que las auditorías se realicen antes, durante y después de la ejecución de los recursos públicos.
“Le hemos apostado a hacer una reforma para reglamentar que la auditoría se haga antes, durante y después, para evitar errores administrativos que hacen daño a las instituciones y afectan sus estados financieros”, señaló.
Mejía también confirmó que se asignarán recursos al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y a la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), además de un aumento presupuestario para el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), con el objetivo de facilitar el control ciudadano sobre la gestión de los funcionarios.
Finalmente, subrayó la necesidad de crear una Ley Antisoborno, al considerar que la normativa actual resulta insuficiente para combatir este tipo de delitos, por lo que se busca dotar al sistema de herramientas más efectivas para evitar la impunidad.