Honduras pone fin este lunes al estado de excepción que estuvo vigente desde diciembre de 2022, una medida implementada por el gobierno de Xiomara Castro con el objetivo de reducir los homicidios.
La suspensión de garantías constitucionales se da un día antes de la toma de posesión del nuevo gobierno de Nasry ‘Tito’ Asfura, quien ha señalado que el país “no puede seguir bajo estados de excepción permanentes”.
El diputado opositor Carlos Umaña calificó la medida como un fracaso, asegurando que, aunque se redujeron los homicidios, otros delitos como la extorsión aumentaron.
Umaña agregó que la medida dejó numerosas violaciones de derechos humanos, afectando a ciudadanos de distintas regiones del país.
Desde el oficialismo, las autoridades de seguridad destacan que el estado de excepción, junto con el Plan Solución contra el Crimen, contribuyó a reducir la tasa de homicidios de 43 por cada 100.000 habitantes en 2022, a 23 en 2025, un logro que consideran “histórico” frente a la violencia de pandillas y crimen organizado.
Exdiputados y analistas denuncian que la medida también fue utilizada como herramienta de control político, afectando principalmente a jóvenes de zonas vulnerables.
Se registraron denuncias de desapariciones, torturas y abusos, sin que se establecieran mecanismos claros de justicia y reparación para las víctimas.
El fin del estado de excepción podría generar demandas legales de ciudadanos que aseguran haber sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos, mientras el país se prepara para la nueva administración, que busca combatir la violencia mediante fortalecimiento institucional y creación de empleo, en lugar de restricciones extraordinarias.