La falta de recursos económicos para cubrir un traslado aéreo de emergencia provocó la muerte de Diana Lorena Hernández Moradel, una joven de 27 años que permanecía internada en el Hospital Público de Satuye, en Roatán, Islas de la Bahía.
De acuerdo con información confirmada por fuentes hospitalarias, la paciente padecía una malformación congénita cerebral y requería con urgencia ser trasladada a otro centro asistencial para recibir atención especializada.
El traslado estaba programado para el domingo 15 de febrero; sin embargo, no pudo concretarse debido a que su familia no logró reunir el dinero necesario para cubrir el costo del combustible de la ambulancia aérea, perteneciente a la Fuerza Aérea Hondureña (FAH).
Inicialmente, el valor del combustible era de 17,300 lempiras, pero posteriormente el monto aumentó a 25,578 lempiras, cifra que resultó inalcanzable para los familiares.
Como alternativa, se evaluó la contratación de un vuelo privado, cuyo costo rondaba los 4,000 dólares, es decir, casi 106,000 lempiras, suma igualmente imposible de cubrir.
Mientras se realizaban gestiones para obtener los fondos, el personal médico mantuvo a la joven bajo cuidados intensivos. No obstante, durante la espera, Diana Lorena sufrió un paro respiratorio que le provocó la muerte el domingo 16 de febrero.
El caso ha generado profunda consternación en la población de Roatán, donde ciudadanos cuestionan la falta de mecanismos que garanticen atención médica oportuna sin que el factor económico se convierta en una barrera que ponga en riesgo la vida de los pacientes.
Debate por fondos para traslados médicos
Tras conocerse el fallecimiento, la diputada Erika Urtecho expresó sus condolencias a la familia y señaló que este tipo de tragedias evidencian la vulnerabilidad de zonas como Islas de la Bahía y Gracias a Dios.
La congresista recordó que el Congreso Nacional aprobó el año pasado la Ley para el Traslado de Emergencias de Pacientes, que contemplaba la asignación de siete millones de lempiras a la Fuerza Aérea Hondureña para garantizar combustible y operatividad inmediata en casos urgentes.
Sin embargo, según explicó, durante el proceso legislativo la partida fue trasladada a un renglón presupuestario de la Secretaría de Salud, quedando sujeta a revisiones administrativas, modificación que fue oficializada en el diario La Gaceta el 20 de agosto de 2025.
Urtecho denunció que, en la práctica, la falta de disponibilidad inmediata de estos recursos ha obligado en varias ocasiones a autoridades locales y representantes políticos a cubrir con fondos propios el combustible para vuelos sanitarios.
Finalmente, la diputada cuestionó el uso y destino actual de los siete millones de lempiras aprobados para este fin y aseguró que el tema ya fue planteado al presidente de la República y a las autoridades militares, con el propósito de evitar que más personas pierdan la vida por no contar con recursos para un traslado médico urgente.