El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) fue condenado este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, derivado del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022. La sentencia fue emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, encargada de juzgar a funcionarios con alto rango.
El tribunal concluyó que Castillo no consumó el delito de rebelión, ya que sus órdenes no llegaron a ejecutarse. Por esa razón, la Fiscalía modificó durante el juicio su solicitud inicial de 34 años de prisión por rebelión, ajustándola al delito finalmente aceptado: conspiración para cometer dicho acto.
El 7 de diciembre de 2022, en un mensaje a la nación, Castillo anunció la disolución temporal del Congreso, la intervención del Poder Judicial y el establecimiento de un gobierno de excepción mediante decretos.
La decisión ocurrió horas antes de que el Parlamento —de mayoría opositora— debatiera una moción para destituirlo, tras nuevas evidencias de presunta corrupción que lo implicaban directamente.
Sin embargo, su intento de autogolpe fracasó de inmediato. Las Fuerzas Armadas y la Policía no respaldaron la medida, y el mensaje presidencial quedó sin efecto.
Minutos después, Castillo fue detenido mientras se dirigía aparentemente hacia la Embajada de México en Lima, donde su esposa e hijos sí lograron ingresar y obtener asilo.
Ese mismo día, el Congreso votó su destitución y lo reemplazó por Dina Boluarte, entonces vicepresidenta. Desde entonces, Castillo permanece recluido en prisión preventiva, enfrentando además otros procesos por presunta corrupción durante su gestión.