Un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezado por Emilio Fernandez Corugedo, jefe de misión del FMI para Honduras, y acompañado por Nigel Chalk, Director del Departamento del Hemisferio Occidental, visitó Tegucigalpa del 20 de octubre al 2 de noviembre para mantener conversaciones sobre la Consulta del Artículo IV de 2026 y sobre la sexta y última revisión en el marco de los acuerdos del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y del Servicio de Crédito Ampliado (SCA). Al término de la visita, el Sr. Fernandez Corugedo realizó la siguiente declaración:
“Las autoridades hondureñas y el equipo del FMI alcanzaron un acuerdo a nivel del personal técnico para completar la sexta y última revisión de los acuerdos SAF y SCA. Las autoridades reafirmaron que el programa respaldado por el FMI sigue siendo un ancla clave para la estabilidad macroeconómica y las reformas. Se prevé que el Directorio Ejecutivo del FMI considere la revisión a finales de diciembre de 2026. Una vez aprobada, Honduras tendrá acceso a alrededor de USD 120 millones.
“El equipo y las autoridades coincidieron en que las políticas macroeconómicas se han mantenido prudentes y que el desempeño del programa ha sido, en términos generales, favorable. Estas políticas acertadas han ayudado a Honduras a sortear choques importantes, incluidos mayores precios de la energía asociados al conflicto en Oriente Medio y una grave sequía relacionada con el fenómeno de El Niño. La economía ha mantenido su resiliencia y creció 3,7% en el primer semestre de 2026, aunque se proyecta que el crecimiento se modere a 3,4% en el año, en medio de un entorno externo desafiante.
Los mayores precios de la energía y los alimentos elevaron la inflación general a 6,3% en septiembre, mientras que la inflación subyacente se mantuvo contenida en 3,5%. La cuenta corriente registró un superávit de 4,1% del PIB en el primer semestre, pero se prevé que pase a un déficit de 2,2% del PIB en 2026. Las reservas internacionales netas alcanzaron aproximadamente USD 11.500 millones en octubre, respaldadas por las sólidas remesas y los precios favorables de las exportaciones.
“Las autoridades mantienen su compromiso con una combinación prudente de políticas macroeconómicas y están preparadas para actuar en un contexto de elevada incertidumbre mundial. Su ambiciosa agenda de reformas combina la disciplina macroeconómica y fiscal, con instituciones y protección social más sólidas, al tiempo que respalda la inversión privada y la creación de empleo. Sus prioridades incluyen:
Mantener una sólida disciplina fiscal, mejorar la focalización del apoyo social y salvaguardar el gasto prioritario. La meta de déficit del Sector Público No Financiero de 1% del PIB sigue siendo apropiada para 2026–27 y está respaldada por supuestos prudentes de ingresos, planes de gasto realistas y una estrategia de financiamiento creíble. La respuesta al aumento de los precios de la energía y de los combustibles ayudó a mitigar el impacto sobre los hogares más vulnerables. Sin embargo, los recurrentes choques externos y climáticos ponen de relieve la necesidad de que la asistencia social y los subsidios sigan siendo temporales, estén bien focalizados en quienes más los necesitan y sean consistentes con los incentivos para ahorrar energía. A su vez, es imperativo reducir la carga de la ENEE sobre las finanzas públicas para contener los riesgos fiscales, salvaguardar la sostenibilidad fiscal y proteger el espacio para el gasto prioritario.
Mejorar la gestión financiera pública y la administración tributaria para crear espacio fiscal y fortalecer la transparencia. Los avances en la liquidación de fideicomisos demuestran el compromiso de las autoridades con una mayor transparencia fiscal. La implementación efectiva de la Ley Orgánica del Presupuesto, el fortalecimiento de la Cuenta Única del Tesoro, un control más estricto del gasto a través del Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI), una mejor gestión de la contratación e inversión pública y el fortalecimiento de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) deberían servir para mejorar la eficiencia, transparencia y calidad del gasto público. La modernización de las administraciones tributaria y aduanera —mediante mejoras en las auditorías basadas en riesgos, mejoras en el cobro de atrasos, la consolidación del Sistema de Información Integrado del SAR (SIISAR) y la facturación electrónica— así como una evaluación más rigurosa de los incentivos tributarios, deberían respaldar la movilización de ingresos.
Aplicar políticas cambiarias y monetarias destinadas a preservar la estabilidad externa y mantener una inflación baja y estable, al tiempo que se refuerzan los marcos institucionales. Los ajustes de política realizados en el marco del programa han contribuido a mejorar el funcionamiento del mercado de divisas y han respaldado la acumulación de reservas. El oportuno aumento de la tasa de política monetaria en septiembre pone de relieve el compromiso de las autoridades con la estabilidad de precios y la estabilidad externa. Asimismo, las autoridades tienen previsto avanzar de forma prudente y gradual hacia la adopción de un mecanismo de asignación de divisas más basado en el mercado y sentar las bases de un marco de metas de inflación con un tipo de cambio que responda a las condiciones de mercado, a efectos de mejorar la eficacia de la política monetaria y anclar mejor las expectativas.
Avanzar en reformas estructurales clave —incluidas las del sector energético—, fortalecer la gobernanza y mejorar el clima de negocios, siguen siendo esenciales para reducir las vulnerabilidades, fomentar la inversión y promover un crecimiento sostenible. La reciente aprobación de la Ley de Justicia Energética y una mejor focalización de los subsidios son pasos positivos para mejorar la sostenibilidad financiera del sector y reducir los riesgos fiscales. No obstante, sigue siendo crucial realizar esfuerzos sostenidos para llevar a cabo la reforma, reducir las elevadas pérdidas eléctricas y los atrasos de la ENEE, reforzar su gobernanza y fomentar la competencia en el sector energético. También será importante avanzar en las reformas previstas en la Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras (ENTAH), junto con los esfuerzos para mejorar la eficacia judicial, el Estado de derecho y la seguridad jurídica, a fin de reforzar la confianza de los inversionistas y propiciar un crecimiento más sólido a largo plazo. La puesta en funcionamiento del registro de beneficiarios finales y la implementación de las reformas ALD/LFT recientemente aprobadas así como las pendientes serán fundamentales para la evaluación del GAFI de 2027 que está ya en curso, y contribuirán a fortalecer las salvaguardias contra la corrupción y los flujos financieros ilícitos.
“La Consulta del Artículo IV de 2026 se centró en políticas para preservar la estabilidad macroeconómica y en reformas para fomentar un crecimiento más sólido y resiliente a mediano plazo. Las prioridades se centraron en preservar la sostenibilidad fiscal y la estabilidad de precios, al tiempo que se salvaguarda la estabilidad externa, se refuerza la resiliencia frente a choques externos y los relacionados con el clima, se avanza en las reformas de los sectores energético y de gobernanza, se afianza el marco ALD/LFT y se fomenta un crecimiento impulsado por el sector privado.
Si bien el desempeño macroeconómico sigue siendo sólido y los objetivos del programa respaldado por el SAF/SCA se han alcanzado en gran medida, los riesgos siguen siendo elevados en un contexto de incertidumbre mundial y vulnerabilidades relacionadas con el clima. Será fundamental mantener el compromiso con políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales para preservar la estabilidad, reforzar la resiliencia y promover un crecimiento más sólido e inclusivo.
“El equipo del FMI desea agradecer a las autoridades, al Congreso Nacional, al sector privado y a otros interlocutores, su hospitalidad y la franqueza de las conversaciones.”