El Congreso Nacional aprobó en un solo debate el presupuesto reformulado del año fiscal 2026 por el orden de L444,265.8 millones, lo que representa una reducción de 5.3% con respecto al que elaboró y se presentó en las postrimerías del gobierno de la expresidenta Xiomara Castro.
La aprobación se concretó tras la dispensa de dos debates solicitada por la Comisión de Presupuesto, permitiendo que el proyecto —estructurado en 302 artículos y 11 capítulos— fuera discutido, votado por capítulos y ratificado a mano alzada, ante la falta del sistema electrónico de votación.
En el arranque del debate, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció la inclusión de una partida de 50 millones de lempiras destinada al sector de personas con discapacidad, como parte de los ajustes incorporados al dictamen final.
La aprobación se dio en medio de un intenso proceso de negociación entre bancadas, donde cada fuerza política fijó condiciones sobre el contenido del presupuesto.
Desde la bancada de Libertad y Refundación (Libre), Roland Panchamé expresó respaldo condicionado a blindar los recursos destinados a inversión social y reducción de la pobreza, aunque advirtió que la política de austeridad no debe recaer únicamente en la población.
Oficialismo defiende recorte y reestructura fiscal
El diputado nacionalista Kilvett Bertrand defendió la reducción de más de 25 mil millones de lempiras frente al proyecto original, recordando que la propuesta presentada en septiembre de 2025 ascendía a 469,249 millones de lempiras, lo que implicaba un incremento de 38,341.2 millones, equivalente al 8.9% respecto al presupuesto de 2025.
Según explicó, ese planteamiento incluía partidas sin respaldo financiero, por lo que el nuevo presupuesto apuesta por una reestructuración que prioriza el control del gasto y el fortalecimiento de áreas estratégicas como salud, educación y seguridad.
Partido Liberal introduce cambios y condiciona el respaldo
El Partido Liberal jugó un papel determinante en la negociación al incorporar cerca de 50 modificaciones tras reuniones con la Secretaría de Finanzas.
Entre los principales ajustes destaca la capitalización de Banadesa con 200 millones de lempiras, orientados a impulsar el agro con tasas del 7% y dos años de gracia.
Asimismo, se logró mantener íntegro el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, al tiempo que se agregaron 210 millones de lempiras para infraestructura universitaria en regiones como Valle y Gracias a Dios.
También se acordaron 6,000 millones de lempiras en subsidios para combustibles y energía eléctrica, con un enfoque focalizado en los sectores de menor consumo.
En el ámbito territorial, se incorporaron proyectos como la pavimentación de 132.86 kilómetros en Olancho, específicamente en el tramo La Unión-Silca, además de obras de red secundaria y pavimentación en al menos 15 departamentos.
El ajuste también impacta las transferencias municipales, que se fijan en 7.3%, por debajo del 11% establecido en ley, aunque con el compromiso de revisar esta asignación en futuras reformas.
Aumentos en sectores clave pese al recorte
A pesar de la reducción global, el presupuesto contempla incrementos en áreas prioritarias.
La Secretaría de Educación recibirá un aumento cercano a 3,000 millones de lempiras, mientras que el sector salud también reporta un incremento superior a los dos millones de lempiras.
En materia de seguridad, la asignación aumenta en 1,830 millones de lempiras, mientras que Defensa registra un incremento de 1,524.2 millones, reflejando una apuesta por fortalecer estos sectores dentro del esquema de contención del gasto.
Proyecciones macroeconómicas y equilibrio fiscal
El presupuesto reformulado se sustenta en una proyección de crecimiento económico del 3.5% y una inflación estimada en 5.2%, parámetros que buscan mantener estabilidad en los precios y un entorno macroeconómico controlado.
En ese mismo marco, se fija un déficit fiscal equivalente al 1.0% del Producto Interno Bruto (PIB), en línea con la Ley de Responsabilidad Fiscal y los compromisos internacionales del país.
Además, el plan financiero incorpora exoneraciones fiscales por un monto de 90,609.7 millones de lempiras, lo que representa el 8.3% del PIB, así como una asignación de 24,512.4 millones de lempiras destinada a la Estrategia de Reducción de la Pobreza, reflejando un enfoque orientado a atender la presión social sin comprometer la sostenibilidad fiscal.
Inversión pública y estructura del gasto
La inversión pública total asciende a 45,100.6 millones de lempiras, equivalente al 4.1% del PIB y al 10.2% del presupuesto, con énfasis en proyectos productivos e infraestructura.
De este monto, 16,130.5 millones se orientan a inversión productiva, priorizando 81 proyectos, de los cuales 71 están en ejecución y 10 corresponden a nuevas iniciativas dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública.
El presupuesto también contempla recursos para la formación de capital, dirigidos a la adquisición de maquinaria, equipo y bienes capitalizables para instituciones del sector público, incluyendo gobiernos locales.
En su estructura general, el proyecto original distribuía 279,977.4 millones de lempiras para la administración central y 189,271.6 millones para la descentralizada, cifras que fueron ajustadas tras el proceso de reformulación que derivó en el recorte global aprobado.
Control financiero y mecanismos de transparencia
El dictamen incorpora disposiciones orientadas a fortalecer el control del gasto público, estableciendo que los fideicomisos deben ser registrados dentro del presupuesto general y ejecutados bajo el sistema de administración financiera SIAFI.
Asimismo, la Secretaría de Finanzas queda facultada para autorizar la incorporación del 100% de los recursos propios provenientes de convenios interinstitucionales, así como los saldos no ejecutados del ejercicio fiscal anterior, siempre bajo verificación de disponibilidad financiera.
Lea también: Autoridades proponen atacar economías de estructuras criminales