En la resolución emitida por el Juzgado de Letras Natural en el caso de la Administración Solidaria (FAS) de Sedesol, conocido como “Chequesol”, el juez determinó otorgar medidas distintas a la prisión preventiva a los 12 imputados.
Permitiéndoles defenderse en libertad durante las siguientes etapas del proceso judicial.
En libertad se defenderán imputados en caso “Chequesol”; y se ratifica suspensión de diputada
Entre los beneficiados con estas medidas se encuentran la diputada Isis Carolina Cuéllar y el exsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona Erazo.
Asimismo, en la misma resolución, el juez ratificó la suspensión de Isis Cuéllar de su cargo como diputada al Congreso Nacional.
Dicha medida se mantiene vigente mientras se resuelve su situación legal, por lo que la legisladora no podrá ejercer funciones legislativas durante el curso del proceso.
La obligación de los imputados
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra la Corrupción, logra auto de formal procesamiento en el caso SEDESOL, en contra de varios implicados, entre ellos la congresista Isis Carolina Cuéllar y el exministro José Carlos Cardona, acusados por el delito de fraude. pic.twitter.com/KEqbbnTMJJ
— Ministerio Público (@MP_Honduras) March 25, 2026
Los imputados deberán presentarse a firmar todos los lunes en el juzgado correspondiente y tienen prohibida la salida del país, como parte de las medidas cautelares impuestas.
Los 12 imputados en el caso “Chequesol” son:
-Isis Carolina Cuéllar (diputada)
-José Carlos Cardona Erazo (exsecretario de Sedesol)
-Luis Manuel Fernández García
-Jennifer Nazareth Martínez Suazo
-José Manuel Cerrato Villanueva
-Eliud Reiniery Aguilar Pineda
-Rossy Yanira Ramírez Gonzales
-Casandra Gáleas Arias
-Fabricio Solórzano
-Ilse Baquedano
-Paola Pérez
-Mirza Sánchez Maradiaga
Este caso investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos del Fondo de Administración Solidaria (FAS) de Sedesol, con un perjuicio estimado superior a los 6 millones de lempiras.
La defensa de los imputados había solicitado medidas sustitutivas a la prisión preventiva precisamente para garantizar su derecho a una adecuada defensa en libertad, mientras que el Ministerio Público había requerido prisión preventiva para todos los involucrados.