A partir del 26 de abril entrarán en vigor en El Salvador las reformas a la Constitución aprobadas por la Asamblea Legislativa, según la más reciente publicación en el Diario Oficial, que incluyen medidas sin precedentes en el sistema penal del país, entre ellas la posibilidad de imponer prisión perpetua a menores de edad desde los 12 años.
De acuerdo con lo establecido por los diputados, la cadena perpetua podrá aplicarse a personas condenadas por delitos graves como homicidio, feminicidio y violación, en el marco de un paquete de reformas que endurece significativamente el régimen penal salvadoreño.
Las modificaciones constitucionales también obligaron a reformar diversas normativas, entre ellas el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo y la Ley Penal Juvenil, con el objetivo de armonizar el nuevo marco legal.
Asimismo, la Asamblea Legislativa introdujo cambios en la Ley Orgánica Judicial, transformando juzgados de menores en tribunales de lo criminal, los cuales serán responsables de conocer los casos en los que se aplique la pena de cadena perpetua. Las reformas también contemplan la creación de un mecanismo de revisión para los condenados bajo esta figura.
Las medidas han generado reacciones a nivel internacional. El Comité de los Derechos del Niño y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) expresaron su “profunda preocupación” por la aprobación de estas reformas, señalando que los adolescentes en conflicto con la ley deben recibir un tratamiento enfocado en la rehabilitación y reintegración, y que la privación de libertad debe ser el último recurso.
En la misma línea, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a las autoridades salvadoreñas a revisar con urgencia los cambios constitucionales, al considerarlos “preocupantes” por su posible contradicción con estándares internacionales de derechos humanos.
Hasta el momento, el Gobierno de El Salvador no ha emitido una respuesta oficial reciente a estos señalamientos, aunque en ocasiones anteriores ha criticado a organismos internacionales por considerar que minimizan el impacto de la criminalidad en el país.
El país continúa bajo un régimen de excepción vigente desde 2022, el cual ha permitido detenciones masivas en el marco de la ofensiva contra las pandillas. Según cifras oficiales, más de 90.000 personas han sido detenidas, mientras el Gobierno sostiene que una parte de ellas ha sido liberada tras revisión de casos.
En paralelo a los cuestionamientos internacionales por posibles violaciones a derechos humanos, las autoridades salvadoreñas destacan una reducción significativa en los índices de homicidios tras años de violencia atribuida a estructuras criminales.