El Periodismo es una profesión fundamental en una sociedad democrática, ya que su papel es informar a la población sobre los acontecimientos que ocurren en el país y en el mundo, y permitir así que las personas tomen decisiones bien informadas. Sin embargo, en Honduras, el ejercicio del Periodismo puede ser peligroso y poner en riesgo la vida.
Desde la década de 1980, el país ha sido escenario de una serie de conflictos políticos, económicos y sociales, que han tenido un impacto negativo en la libertad de prensa y en el ejercicio del Periodismo. Enfrentan una serie de riesgos, entre ellos la intimidación, el acoso y la violencia física. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercerlo, desde el año 2000, más de 80 comunicadores han sido asesinados en el país, y muchos otros han sido objeto de amenazas y ataques.
Uno de los motivos es la impunidad. En muchos casos, los autores de los ataques contra periodistas no son llevados ante la justicia, lo que contribuye a la perpetuación de la violencia. Además, la corrupción y la falta de transparencia en las instituciones gubernamentales son factores que dificultan el ejercicio del Periodismo y la lucha contra la impunidad.
Otro factor que agrava la situación es la falta de protección por parte de las autoridades. Las medidas de protección son insuficientes y a menudo ineficaces. Los que han sido objeto de amenazas o ataques no siempre reciben la protección necesaria por parte de las autoridades. La situación se ve agravada por la polarización política y la violencia asociada a la lucha contra el narcotráfico. Los que cubren temas relacionados con el crimen organizado y la corrupción son particularmente vulnerables a la violencia y la intimidación por parte de grupos criminales y de funcionarios corruptos. La situación es preocupante, ya que afecta no solo a los periodistas, sino también a la sociedad en su conjunto. La falta de información objetiva y veraz limita la capacidad de la población para tomar decisiones informadas sobre temas de interés público, lo que afecta a la calidad de la democracia y al desarrollo del país.
Para abordar el problema, es necesario un compromiso firme por parte de las autoridades para garantizar la protección y la lucha contra la impunidad. Es fundamental que se investiguen y se lleven ante la justicia a los autores de los ataques, y que se implementen medidas efectivas para proteger a los que están en riesgo.
También es necesario promover la libertad de prensa y el acceso a la información como derecho fundamental de la sociedad. Esto implica garantizar el derecho a la libertad de expresión y a la información.