Si hacemos la analogía de la corrupción con los sismos, podríamos decir que después de devastar una región, después de destruirla, ocurre un reacomodo de placas tectónicas para, eventualmente, acometer de nuevo. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha manifestado en la víspera que “hubo numerosos informes de corrupción gubernamental”, y en donde, además, se ha referido al respeto a la integridad de las personas, detenciones arbitrarias, respeto a las libertades civiles, libertades de reunión pacífica y asociación, corrupción y falta de transparencia en el Gobierno, entre otros. Si vemos esa “fabulosa” lista de los vicios de un país señalado por la primera potencia mundial (Estados Unidos de América) y que, a su vez, también tiene vicios superlativos en comparación con lo que ocurre en Honduras y que nos recuerda la lección divina de la paja en el ojo ajeno y la viga en el ojo propio.
Sinceramente no podemos sesgarnos hacia un lado u otro, la imparcialidad es crucial y más en estos tiempos donde aparentemente y muy a pesar que la ley existe, pero no el orden, siempre hay alguien que se salta la tranca hasta los límites del arrastre y coba. Lo anterior nos llama a la reflexión a su vez, cuando también vemos opiniones encontradas dentro del seno de la Corte Suprema de Justicia donde dos honorables magistrados al referirse al Código Penal, uno de ellos el abogado Walter Raúl Miranda Sabio ha manifestado que no es necesario un nuevo código y en contra de su opinión ha salido de manera inefable y hasta chusca, el diputado Ramón Barrios a sugerir que el actual código tiene “vicios”. Siempre con la enseñanza divina, aplicamos la sentencia que “reino dividido no prevalece”.
¿A quién se quiere favorecer? Esas son las cosas que los gobernantes nuestros dan a la población que espera un poco más de decoro. No somos un tribunal pero la corrupción y los corruptos son tan evidentes que es un verdadero peligro ponerles nombre, para pesar de nuestro pueblo, es algo que no se puede seguir permitiendo, desde los señalados por robar dinero en carretillas, en la desaparición misteriosa de recursos para erradicar la pobreza, las felonías de fraudes en medicamentos, mascarillas, recursos de dizque hospitales de emergencia (¿dónde está el señor Axel López?) cuyo gasto en lempiras fue de más de mil doscientos millones de lempiras con los cuales bien se podría construir un hospital de referencia de 20 mil metros cuadrados en algún departamento de Honduras o en la poblada región occidental o en cualquier lugar de Honduras. Parafraseando a los cuestionadores del reciente pasado: ¿dónde está el dinero?
“Uno de los puntos más críticos en el informe –continúa manifestando el Departamento de Estado de los Estados Unidos- es lo enumerado sobre la Ley de Amnistía que impulsó el gobierno y aprobó el Congreso Nacional. Con dicha ley se benefició el actual asesor legal de la presidente, Enrique Flores Lanza; junto a Marcelo Chimirri, extitular de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), entre otros”.
“El 2 de febrero, el Congreso Nacional aprobó una Ley de Amnistía retroactiva que absolvió a funcionarios públicos que trabajaron durante el gobierno de Zelaya (2006-09) de crímenes. Hasta octubre, al menos 24 acusados usaron la ley para tener corrupción casos desestimados”. Apelando de manera grosera a la manera de la frase de un personaje cómico mexicano, en resumen, “nadie sabe, nadie supo”.
