Cada vez que se va a elegir al Fiscal General de la República, se hacen reformas a la Ley de Organización y funcionamiento del Ministerio Público con aras a mejorar los procedimientos ya establecidos para lograr la elección de dicho funcionario de la manera más transparente a fin de tener una institución profesionalizada, especializada, despolitizada, independiente en sus funciones y se pretende tener a personas idóneas, capaces y moralmente inobjetables en el cargo.
Pero es el caso, que todo se viene abajo (no importando la gran pérdida de recursos de todo ocasionados) cuando llega a manos de los lumpen políticos, la elección de fiscal, pues, a estos inhóspitos seres humanos, para nada les interesa tener las instituciones propias de los países civilizados. No les interesa tener un Ministerio Público independiente porque saben que todos están untados, ya sea, por actos de corrupción o crimen organizado; y, por ello necesitan el control de dichas instituciones de acuerdo con sus intereses personales.
No cabe duda que, para el propósito de la elección del Fiscal General, tenemos buenas leyes y procedimientos, e incluso, no han sido cuestionadas la Juntas de Proponentes, por lo que se considera que han desempeñado bien su papel –aunque en mi concepto, no los puedo calificar de muy bien, porque dejaron que se colara el actual fiscal interino, que desempeñaba el cargo de regidor en la Municipalidad de Reitoca, función que es esencialmente política- en la escogencia de los propuestos a la elección.
Sin embargo, la elección del actual Fiscal Interino ha evidenciado que el problema que tenemos los hondureños no son las leyes, sino nuestra conducta humana, por un lado el comportamiento de nuestros lumpen políticos, como grupo de personas, y, por otro, la conducta como persona individual, misma que es producto de una sociedad sin valores y principios y que, por ello, en general nos ha educado de esa forma.
Afirmo lo anterior porque está visto que el problema de la no elección del Fiscal General, tiene como causa fundamental, que el partido Libre no tiene los votos necesarios para la elección de una persona que se convierta en su activista político desde el Ministerio Público, pero sí tiene la capacidad para paralizar legislativamente el país, porque, posee, 52 diputados, sin los cuales no se puede conformar el quórum para dicha elección.
Prefiriendo llevar al país al abismo antes que entender que este pueblo no le dio el poder absoluto para que haga lo que quiera, en vista de lo cual actúa antidemocráticamente en función de los intereses de los dueños del partido.
Resalta a la vista también que está en nuestra cultura política que, para que salga una persona electa como diputado, debe tener, como condición esencialísima, la de ser borrego de los dueños del partido, está incorporada genéticamente en la conducta de estos hondureños inhóspitos que ellos no ejercitan la soberanía popular que les dio el pueblo a través de los votos, que no se deben al pueblo que los eligió, que no se deben sus intereses, ellos tienen meridianamente claro que su ser no alcanza más que para ser súbditos de las mezquindades de los lumpen políticos que desgobiernan el país, en favor de sus conveniencias, personales, familiares y de oscuros grupúsculos y que son éstos los soberanos.
A partir de lo anteriormente expuesto, concluimos en que somos una sociedad sin valores y principios, así hemos sido educados individualmente, en el sentido que no tenemos el sentido de pertenencia a un conglomerado social, eso explica la conducta individualista del abogado Johel Antonio Zelaya Álvarez y del abogado Mario Alexis Morazán Aguilera, al aceptar sus nombramientos como Fiscal General y Fiscal Adjunto como interinos, a sabiendas de que sus personas han sido utilizadas para intereses oscuros.
Ese es el pecado original cometido, mismo que tendrá como consecuencia la falta de credibilidad de sus actuaciones (ante la oposición y la comunidad internacional, que han hecho sus manifestaciones de rechazo) aunque sean objetivas. Porque, está visto también que, a los lumpen políticos, en realidad, no les interesa la justicia, que son capaces de condenar a un inocente y absolver a un culpable, según sus intereses políticos.
Dicha actuación individualista nos deja un mar de incertidumbre. Ya electos interinamente dichos funcionarios, ¿hasta cuándo durará su interinato?, ¿será, que el Congreso Nacional ya no volverá a sesionar, para que el interinato dure los dos años que faltan de gobierno? Me hago esas preguntas porque, por lo visto, la mayoría parlamentaria, la oposición, por ahora, no está dispuesta a ceder que se les imponga los actuales fiscales.
San Pedro Sula, Cortés. 20 de noviembre del 2023.
Lic. Esequías Doblado Hernández
