“El crimen organizado, con dinero producto del lavado de activos, ha entrado a la economía formal del país y no ahora, sino siempre. En ese sentido, ingresa en el mercado de las empresas de seguridad, en el mercado de exportación, importación, agricultura y en determinados espacios y rubros de la economía”, admitió ayer el ministro de Seguridad de Honduras, Gustavo Sánchez.
La declaración de Sánchez recuerda a las ofrecidas en el pasado por funcionarios como Óscar Álvarez, exministro de Seguridad y el exministro Arturo Corrales, quienes también hicieron una denuncia parecida a la del responsable de la seguridad interna del país en la actualidad.
Durante el foro Frente a Frente de Canal 5, Sánchez destacó que, aunque las estrategias implementadas por el Estado han sido efectivas en algunos aspectos, el crimen organizado ha respondido con violencia, perpetrando atentados contra funcionarios.
“Han entrado a unas empresas de seguridad privada. En los próximos meses van a salir algunas investigaciones a la luz pública que la sociedad se va a escandalizar. El crimen organizado es muy complejo y por lo tanto se debe enfrentar desde una perspectiva técnica y científica por expertos”, dijo el funcionario.
Sánchez explicó que el crimen organizado a través de las empresas de seguridad privada puede tener acceso a un número ilimitado de armas de fuego, lo que plantea un riesgo significativo para la seguridad pública.
No obstante, aclaró que esa misma complejidad dificulta la diferenciación entre los empresarios legítimos y la de empresas de seguridad constituidas con propietarios que forman parte de estructuras criminales.
Puso como ejemplo que cuando la estructura criminal de “Los Cachiros” se entregó en Estados Unidos y cuando se empezaron a hacer las extradiciones de otros narcotraficantes, la economía formal se vio afectada porque el dinero ilícito ya no entraba a la economía del país.
“El crimen organizado, con dinero producto del lavado de activos, ha entrado a la economía formal del país y no ahora, sino siempre. En ese sentido, ingresa en el mercado de las empresas de seguridad, en el mercado de exportación, importación, agricultura y en determinados espacios y rubros de la economía”, ilustró.
¿QUIÉNES OTORGAN LOS PERMISOS?
La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, le cuestionó a Sánchez por qué existen empresas de seguridad constituidas y que son de redes criminales, si la misma Policía es la que emite las licencias para que operen.
“Hay un problema desde el origen, desde que se constituyen. ¿Quién es el responsable de constituir o darle el permiso de operación a una empresa de seguridad privada? La pregunta es: ¿quiénes son los dueños?, ¿quiénes son los apoderados legales para poder constituirla?, porque, cuando ya está operando, tienen un permiso para operar y la Secretaría de Seguridad o la Policía Nacional es la que da las supervisiones a esas empresas”, interrogó Ayestas.
FRASE
“El crimen organizado obviamente sabe cómo funciona el transporte urbano, porque los empresarios del transporte no trabajan los vehículos, el mayor porcentaje de ellos renta los vehículos, es un alquiler de esas unidades para que terceras personas paguen la tarifa y son los que en realidad se ven afectados por ese problema de la extorsión, porque el empresario sigue recibiendo”.
Gustavo Sánchez, ministro de Seguridad.