Tan solo recordamos al doctor Ramón Custodio y realmente nos ponemos de pie con respeto, de allí en adelante pare de contar por el evidente sesgo ideológico de los que operan el menester de los derechos humanos en Honduras.
Los organismos de derechos humanos desempeñan un papel crucial en la defensa y promoción de los derechos fundamentales en todo el mundo. Sin embargo, existe una creciente crítica en torno a su enfoque, especialmente en relación con la protección de criminales en lugar de priorizar a las víctimas. Este dilema plantea preguntas éticas y prácticas sobre la efectividad y el equilibrio adecuado entre garantizar los derechos de todos los individuos, incluso aquellos acusados de delitos graves, y abordar las necesidades de quienes han sufrido a manos de criminales.
Uno de los principales desafíos es su enfoque, ya que favorece a los criminales en detrimento de las víctimas. Esto se agrava cuando la defensa de los derechos de los acusados se sobrepone al bienestar de aquellos que han experimentado violaciones directas a sus derechos. Para muchos, la priorización de los derechos de los criminales socava la confianza y genera dudas sobre su legitimidad.
El objetivo fundamental de los organismos de derechos humanos –se supone- es garantizar que los derechos inherentes a todos los individuos sean respetados, independientemente de su estatus legal. Sin embargo, la aplicación de este principio se vuelve más compleja cuando se enfrenta a casos de criminales convictos. La paradoja surge cuando la protección de los derechos de los criminales se percibe como una falta de empatía hacia las víctimas y una falta de responsabilidad hacia la sociedad en general.
Otro aspecto crítico es el riesgo que enfrentan los propios operadores de estos organismos al realizar su labor. La defensa de los derechos de los criminales puede generar hostilidad. Los defensores de derechos humanos a menudo se encuentran en situaciones peligrosas, enfrentando amenazas y represalias por parte de aquellos que consideran que su trabajo va en contra de la seguridad pública.
El dilema ético se intensifica cuando los criminales “amparados” por los derechos humanos reinciden en actos delictivos, lo que lleva a cuestionamientos sobre la efectividad de los mecanismos de protección. La sociedad se pregunta si la priorización de los derechos individuales debería ceder en casos en los que el individuo ha demostrado ser una amenaza continua para la seguridad y el bienestar de otros.
Es de hallar un equilibrio que permita la protección de los derechos de los acusados sin descuidar la atención a las víctimas. Esto implica la implementación de políticas y prácticas que aborden directamente las necesidades de aquellos que han sufrido a manos de criminales, brindando apoyo emocional, asistencia legal y medidas de seguridad adecuadas. Además, deben trabajar en estrecha colaboración con otros actores, como instituciones judiciales y organizaciones de la sociedad civil, para garantizar una respuesta a los desafíos planteados.
Asimismo, los organismos deben comunicar de manera efectiva su misión y objetivos a la sociedad. La transparencia en la toma de decisiones y la explicación clara de por qué se protegen los derechos de los criminales son pasos esenciales para reconstruir la confianza pública. Además, la educación sobre los principios fundamentales de los derechos humanos y su aplicación en situaciones complejas puede contribuir a una comprensión más profunda y matizada de los desafíos que enfrentan estos organismos. No es que sean malos del todo, simplemente no hay respuestas y apenas, para los poderosos, lo que hagan o digan se sienten como pusilánimes sombrerazos. Nada que ver con el doctor Custodio que puso a temblar a más de un militar de aquellas épocas realmente duras.