Cortés, Honduras. Un ciudadano fue requerido por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la zona norte de Honduras, luego de una alerta relacionada con presuntas amenazas contra infraestructura estratégica de Puerto Cortés, informaron las autoridades.
La operación fue ejecutada por agentes de la DPI, a través de la oficina de Interpol, en coordinación con el Ministerio Público y tras recibir información del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
Según los datos preliminares, el caso se originó por mensajes atribuidos al sospechoso en los que presuntamente manifestaba intenciones de utilizar artefactos explosivos. Entre los posibles objetivos mencionados figurarían puentes e instalaciones portuarias de Puerto Cortés, uno de los puntos estratégicos para el comercio y el transporte marítimo de Honduras.
Investigan posible conexión con estructura criminal
Las autoridades también investigan un posible vínculo del ciudadano con una estructura criminal transnacional. Sin embargo, esa relación deberá ser establecida mediante las diligencias correspondientes y las pruebas que puedan recabar los investigadores.
Tras recibir la alerta, los equipos especializados realizaron labores de inteligencia e investigación para identificar y ubicar al sospechoso. Posteriormente, fue trasladado para continuar con los procedimientos legales y esclarecer el alcance de las amenazas denunciadas.
Ministerio Público determinará las acciones legales
El Ministerio Público deberá evaluar los elementos recopilados para determinar si existen fundamentos suficientes para presentar requerimientos fiscales u otras acciones legales contra el ciudadano.
La Secretaría de Seguridad destacó la cooperación internacional y el trabajo coordinado entre las autoridades hondureñas y las agencias estadounidenses para responder a alertas que puedan representar riesgos para la seguridad nacional.
El caso mantiene la atención sobre la protección de la infraestructura estratégica del país, particularmente las instalaciones portuarias y los puentes que resultan fundamentales para las actividades económicas y la conectividad.
Hasta el momento, la información proporcionada no establece que el ciudadano haya sido declarado culpable de algún delito. Las investigaciones deberán determinar la veracidad de las amenazas y las posibles responsabilidades penales, respetando el principio de presunción de inocencia.