La vicepresidenta del Congreso Nacional, Tania Pinto, informó que las recientes reformas aprobadas por el Poder Legislativo fortalecen las penas por femicidio e incorporan nuevas medidas disuasivas en la Ley contra la Violencia Doméstica, con el objetivo de proteger a las mujeres y reducir los índices de violencia de género en Honduras.
Pinto señaló que las modificaciones responden a la necesidad de enfrentar una problemática que continúa afectando a cientos de familias hondureñas.
La congresista lamentó las consecuencias que dejan estos hechos violentos, especialmente en los niños que pierden a sus madres y en los hogares marcados por la violencia.
Entre las principales reformas destacó la implementación de dispositivos de geolocalización para monitorear a los agresores y garantizar el cumplimiento de las medidas de distanciamiento entre el victimario y la víctima dentro de los procesos judiciales relacionados con violencia doméstica.
Asimismo, explicó que las personas condenadas mediante sentencia firme por violencia doméstica no podrán obtener una licencia de conducir durante un período de cinco años.
Una vez transcurrido ese plazo y en ausencia de reincidencia, la condena podrá ser eliminada de los antecedentes penales del infractor.
La parlamentaria también resaltó que las reformas establecen una prohibición permanente para portar o poseer armas de fuego a quienes sean condenados por violencia doméstica.
Según indicó, esta restricción será de carácter vitalicio y busca reducir el riesgo de agresiones graves o hechos fatales contra las víctimas.
Un avance importante
Por su parte, la defensora de derechos humanos Honorina Rodríguez consideró que las nuevas disposiciones representan un avance importante para disuadir la violencia contra las mujeres, aunque enfatizó que deben complementarse con acciones integrales por parte del sistema de justicia.
Rodríguez instó al Poder Judicial, al Ministerio Público y a las organizaciones de mujeres a continuar trabajando de manera coordinada para fortalecer la atención, investigación y prevención de estos delitos.
Además, subrayó la necesidad de asignar recursos financieros, técnicos, logísticos y humanos que permitan atender de forma efectiva las denuncias y proteger a las víctimas.
Las reformas forman parte de los esfuerzos impulsados por el Congreso Nacional para fortalecer el marco legal de protección a las mujeres y endurecer las consecuencias para quienes incurran en actos de violencia de género.
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