Luego de comparecer en audiencia de imputados, un juez natural determinó dictar la medida cautelar de arresto domiciliario contra la diputada Isis Cuéllar, acusada de 67 delitos de fraude en el marco del escándalo por presunto drenaje de fondos públicos conocido como el caso “Chequesol”.
Junto a la congresista también comparecieron Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, José Manuel Cerrato Villanueva, Eliud Reiniery Aguilar Pineda y Rossy Yanira Ramírez Gonzales, a quienes igualmente se les impuso arresto domiciliario como medida cautelar.
El vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, informó que la decisión del juez busca garantizar la eficacia del proceso penal y asegurar la comparecencia de los imputados en las siguientes etapas judiciales, incluida la audiencia inicial.
Además del arresto domiciliario, el juez ordenó la suspensión del cargo legislativo de Isis Cuéllar, así como la prohibición de salir del país y de mantener comunicación con los demás imputados o con las instituciones involucradas en el proceso.
Silva confirmó que la defensa de la diputada interpuso recursos de reposición contra la suspensión del cargo, los cuales fueron declarados sin lugar.
El portavoz del Poder Judicial explicó que el Ministerio Público solicitó la suspensión de Cuéllar debido a la gravedad de los hechos imputados, el riesgo de una posible obstrucción a la justicia y los indicios de participación. Asimismo, aclaró que existe un diputado suplente que podrá ocupar la curul mientras dure el proceso judicial.
El juez fijó la audiencia inicial para el viernes 6 de febrero a partir de las 9:00 de la mañana, instancia a la que también deberán presentarse otros cinco imputados que habían comparecido previamente. Silva indicó que ninguno de los procesados solicitó rendición de cauciones.
Entre los demás imputados que ya guardan arresto domiciliario figuran Casandra Gáleas Arias —también identificada en algunos documentos como Eleny Kassandra Gáleas Arias—, Fabricio Solórzano, Ilse Baquedano (Ilsy Valeska Baquedano Mejía), Paola Pérez (Iris Paola Pérez Moreno), excuñada de la diputada Cuéllar, y José Carlos Cardona.
A estas personas se les atribuyen delitos de fraude relacionados con fondos destinados a programas de desarrollo económico y social, principalmente en el departamento de Copán.
La investigación apunta a presuntas irregularidades en la emisión y cobro de cheques del Fondo de Administración Solidaria, con indicios de que los recursos públicos no llegaron a los beneficiarios finales y habrían sido desviados a través de intermediarios y estructuras irregulares.
El caso tomó mayor relevancia tras la divulgación de un video —conocido como el “cheque video”— en el que aparece la diputada Isis Cuéllar conversando con el entonces ministro de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, sobre el uso de fondos públicos para actividades relacionadas con la campaña electoral del partido Libertad y Refundación (Libre).
En el material audiovisual, Cuéllar detalla cómo los fondos habrían sido utilizados para la entrega de kits políticos a coordinaciones partidarias, con un valor aproximado de 125 mil lempiras cada uno, que incluían equipos de sonido, sillas, mesas, carpas, banderas y otros artículos promocionales.
La revelación del video derivó en la salida de Cardona como titular de la Secretaría de Desarrollo Social, mientras que Cuéllar fue señalada como suspendida de cargos partidarios y vetada políticamente; sin embargo, con el paso del tiempo recuperó su actividad política. El lunes, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal con orden de captura inmediata contra Cuéllar, Cardona y otras diez personas vinculadas al caso.