El juez que conoce la causa penal dictó este miércoles arresto domiciliario contra el diputado Nelson Márquez y otros cuatro imputados, acusados por el Ministerio Público de haber participado en un millonario fraude en perjuicio del Estado hondureño.
La medida fue ordenada bajo vigilancia policial y entrará en vigor a partir de esta misma noche. Además de Márquez, también se les impuso arresto domiciliario a Juan Fernando Madrid Lezama, Caronte Rojas Zavala, Raymond Esaú Gradiz y Eva Vásquez.
La audiencia inicial fue suspendida y se reanudará el próximo martes 12 de agosto a las 9:00 a.m.
El caso
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, los imputados habrían participado en un esquema de fraude que drenó más de 3,084 millones de lempiras a través de demandas ilegales contra el Estado, en un contexto de creciente tensión política de cara a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
El requerimiento fiscal detalla que los hechos se remontan al año 2000, cuando tras el paso del huracán Mitch, el gobierno hondureño adjudicó con fondos de cooperación internacional un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., la cual no estaba autorizada para operar en el país. DRC Inc. subcontrató de forma presuntamente irregular a NAINSA.
En 2001, el cooperante internacional retiró su apoyo debido a irregularidades en el contrato. Años más tarde, DRC Inc. y NAINSA iniciaron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral que, según la Fiscalía, nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Pese a no haber tenido relación contractual con el Estado, NAINSA celebró un acuerdo confidencial con DRC Inc.
En enero de 2020, Nelson Márquez, entonces secretario de Sedecoas, recomendó mediante informe legal a la Procuraduría General firmar un acuerdo ejecutivo con NAINSA, argumentando que se buscaba evitar una «erogación mayor».
Un mes después, Sedecoas y NAINSA suscribieron un convenio extrajudicial que autorizó pagos millonarios sin que existiera un fallo judicial definitivo que los respaldara.
En 2022, el juez Raymundo Gradiz Viloria —quien figura entre los imputados— admitió otra demanda millonaria a pesar de que ya se conocía la nulidad del laudo arbitral.
Además, se señala que el entonces representante legal del Estado, Héctor Alvarado Mejía, no asistió a una audiencia clave, alegando motivos de salud.
Sin embargo, el certificado médico presentado fue posteriormente cuestionado por su presunta falsedad.
El Ministerio Público continúa con las diligencias en este caso que ha generado alarma en distintos sectores por el elevado monto del desfalco y la presunta participación de funcionarios en altos cargos de responsabilidad.
Audiencia judicial para Nelson Márquez y otros imputados se lleva a cabo este martes