Este martes por la tarde, el subjefe de la bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez, comparece ante los tribunales en el inicio de la audiencia judicial.
Esto por un presunto caso de corrupción que involucra el desvío de más de 3,000 millones de lempiras, según ha denunciado el Ministerio Público.
Márquez se presenta junto a otros cuatro coimputados: Juan Fernando Madrid Lezama, Caronte Rojas Zavala, Raymond Esaú Gradiz y Eva Vásquez.
Todos fueron enviados a prisión preventiva por orden de un juez natural el pasado 30 de julio, y permanecen en la Penitenciaría Nacional de Támara, ubicada a las afueras de Tegucigalpa.
La Fiscalía acusa a Márquez, Madrid, Rojas y Vásquez del delito de fraude, mientras que el juez Gradiz enfrenta cargos por prevaricato judicial.
Además, otro implicado, Rafael Eduardo Chávez, recibió arresto domiciliario bajo acusación de falsificación de documentos públicos.
Origen del caso
El proceso tiene su origen en contratos firmados tras el huracán Mitch, cuando el Estado hondureño adjudicó obras financiadas con cooperación internacional a la empresa estadounidense DRC Inc., que no contaba con autorización para operar en el país.
Investigaciones del Ministerio Público revelan que DRC subcontrató de manera irregular a la empresa NAINSA, con la que luego firmó un acuerdo confidencial.
En enero de 2020, Márquez, en su calidad de secretario de Sedecoas, envió un informe legal a la Procuraduría General de la República recomendando firmar un acuerdo ejecutivo con NAINSA. Un mes después, se autorizó el pago de millonarias sumas sin respaldo judicial.
En 2022, el juez Raymond Gradiz aceptó una nueva demanda millonaria contra el Estado, a pesar de que el laudo arbitral en que se basaba ya había sido anulado.
La Fiscalía también investiga la ausencia del abogado defensor del Estado, Héctor Alvarado Mejía, quien no asistió a una audiencia clave por razones médicas, aunque el certificado presentado está bajo sospecha de falsificación.
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