El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) exigió al Estado de Honduras una respuesta efectiva, articulada y con mayor capacidad investigativa tras revelar que alrededor de 250 mujeres han sido fallecido de forma violenta entre enero y octubre de 2026.
La institución alertó sobre la persistencia histórica de esta problemática, detallando que entre el año 2016 y octubre de 2026, cerca de 3,700 mujeres perdieron la vida de manera violenta en el país, lo que refleja la urgencia de activar mecanismos de protección antes de que la agresión escale a un desenlace fatal.
El órgano constitucional manifestó su profunda preocupación debido a que un alto porcentaje de las víctimas mostró señales previas de alerta —como amenazas de muerte, agresiones físicas, violencia psicológica y malos tratos— que no recibieron el debido seguimiento.
Ante este panorama, el CONADEH instó a las autoridades a garantizar que las denuncias dejen de ser simples registros administrativos y se transformen en acciones de resguardo inmediatas y vinculantes.
«La prevención debe comenzar desde las primeras señales de amenaza y no únicamente después de consumados los hechos, ya que una respuesta institucional temprana puede resultar determinante para salvar vidas», señalaron las autoridades del CONADEH en su pronunciamiento, enfatizando la necesidad de una línea telefónica de atención especializada disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.
El informe del defensor del pueblo también visibilizó el drama del desplazamiento forzado interno.
Entre los años 2016 y 2025, el CONADEH atendió un total de 4,743 quejas de mujeres obligadas a abandonar sus hogares o en grave riesgo de hacerlo debido a extorsiones, intentos de homicidio, violencia doméstica y asesinatos de familiares, concentrándose la mayor incidencia de riesgo en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho, Cortés, Choluteca y Yoro.
Finalmente, el organismo recomendó al sistema de justicia penal eliminar las trabas burocráticas y la revictimización en los procesos de denuncia por violencia doméstica.
Asimismo, solicitó un incremento significativo en los recursos humanos, técnicos y financieros para las fiscalías y unidades investigativas, con el fin de aplicar con rigor las recientes reformas legales sobre el delito de femicidio y asegurar que ningún caso quede en la impunidad.