Tegucigalpa, Honduras. El Movimiento por Nuestros Hijos manifestó este miércoles su rechazo al Memorando No. 02-2026 emitido por el Poder Judicial, mediante el cual se instruye a juezas, jueces y dependencias administrativas a incorporar registros relacionados con la denominada «identidad de género autopercibida» en actuaciones y sistemas de información judicial.
A través de un pronunciamiento público, la organización expresó su preocupación por el contenido y alcance de la disposición administrativa, al considerar que plantea interrogantes jurídicas, institucionales y sociales sobre su aplicación dentro del sistema de justicia hondureño.
El movimiento sostuvo que la incorporación de estos registros representa una decisión que, a su juicio, excede las facultades administrativas del Poder Judicial y afirmó que cualquier modificación relacionada con la identidad legal de las personas o los registros públicos debe ser discutida y aprobada por el Congreso Nacional mediante un proceso legislativo.
Asimismo, argumentó que la obligatoriedad establecida en el memorando podría generar implicaciones en otros ámbitos del Estado, como los sistemas educativo, sanitario y de protección de la niñez. En su comunicado, la organización también expresó que la medida contradice la visión antropológica, cultural y religiosa que, según afirma, comparte una parte importante de las familias hondureñas.
Como sustento de su postura, el Movimiento por Nuestros Hijos citó los artículos 303 y 304 de la Constitución de la República, señalando que estos delimitan la función jurisdiccional del Poder Judicial y que el principio de legalidad exige que los cambios sustanciales en materias relacionadas con el estado civil o la identidad legal sean aprobados por el órgano competente para legislar.
Hasta el momento, el Poder Judicial no ha emitido un pronunciamiento público en respuesta a las observaciones formuladas por el movimiento. No obstante, el memorando forma parte de disposiciones administrativas internas dirigidas a orientar la actuación de los operadores de justicia y la gestión de información dentro de la institución.
El debate surge en un contexto de discusión sobre el alcance de las competencias institucionales y la implementación de políticas relacionadas con derechos humanos y no discriminación dentro del sistema judicial hondureño, un tema que continúa generando posiciones encontradas entre diversos sectores de la sociedad.