El Congreso Nacional inició este lunes la discusión de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiarios Finales, una normativa orientada a identificar a las personas físicas que controlan o se benefician de sociedades mercantiles y estructuras jurídicas, en el marco del fortalecimiento de la lucha contra el lavado de activos y otros delitos.
La iniciativa avanzó en su primer debate y busca cumplir con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), según explicó en el pleno el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules.
El funcionario advirtió que el cumplimiento de estas disposiciones permitirá al país evitar su inclusión en la lista gris del GAFI, lo que implicaría mayor vigilancia por deficiencias en la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y crimen organizado.
La propuesta de ley establece un registro de propietarios reales de sociedades mercantiles y fideicomisos, el cual será administrado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), conforme a lo estipulado en los 35 artículos del proyecto.
Bajo la recomendación del FMI
Hernández Hércules señaló que la iniciativa forma parte de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), dentro de un programa que inició en la administración anterior y que —según afirmó— ha sido asumido por el actual gobierno como parte de su agenda de cumplimiento con estándares internacionales.
“Es importante cumplir con esos estándares de tipo económico que nos van a permitir tener mejores créditos, mejores tasas y que también nos van a mantener alejados de listas grises en donde no merece estar nuestra Honduras”, expresó el ministro.
Por su parte, la vicepresidenta del Congreso Nacional, Tania Pinto, destacó que la aprobación de esta ley constituye un tema de país y de seguridad nacional, al señalar que su objetivo es combatir estructuras vinculadas a delitos que afectan gravemente a Honduras.