Autoridades de Seguridad y de la Secretaría de Finanzas se comprometieron este martes ante el Congreso Nacional a identificar los recursos necesarios para la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad.
La junta directiva del Congreso Nacional sostuvo una reunión con representantes de la Secretaría de Seguridad, Policía Nacional, Agencia Nacional contra el Crimen Organizado, Secretaría de Finanzas y el Instituto Nacional Penitenciario (INP).
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, explicó que una moción aprobada autoriza la búsqueda de fondos para financiar el nuevo centro penitenciario.
Según indicó, el Gobierno instruyó a la Secretaría de Finanzas para identificar los recursos necesarios para la construcción de una cárcel destinada a personas vinculadas con grupos declarados terroristas.
Evalúan terrenos
Zambrano informó que actualmente se contemplan entre tres y cuatro terrenos como posibles ubicaciones para el proyecto.
Las autoridades realizarán visitas para determinar cuál de las opciones reúne las mejores condiciones.
El titular del Legislativo señaló que se espera iniciar la construcción a finales de este año y que la primera etapa podría tardar aproximadamente diez meses.
Capacidad para 1,300 personas
De acuerdo con Zambrano, la cárcel tendría capacidad para unas 1,300 personas y funcionaría bajo un régimen de máxima seguridad.
El diputado señaló que los internos tendrían una hora de exposición al sol por semana, restricciones de comunicación y media hora para realizar ejercicio, como parte de las medidas previstas para evitar que desde el interior se ordenen delitos como extorsiones y homicidios.
El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, manifestó que el proyecto forma parte del nuevo modelo de seguridad que impulsa el Gobierno para enfrentar la violencia y la criminalidad.
Por su parte, el director del INP, Walter Lacayo, indicó que el objetivo es crear espacios adecuados para mantener bajo un régimen de máxima y alta seguridad a personas vinculadas con estructuras criminales.
Lacayo agregó que el proyecto también busca mejorar las condiciones de seguridad para los agentes y funcionarios penitenciarios encargados de custodiar a los privados de libertad.
El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, aseguró que la institución trabajará en la identificación de los recursos y capacidades técnicas necesarias para impulsar la obra.