El Congreso Nacional aprobó en tercer y último debate la Ley de Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras.
La normativa busca proteger la inversión, la propiedad privada y las actividades productivas frente a las invasiones de tierras.
Durante la discusión, el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, afirmó que las ocupaciones ilegales han aumentado en los últimos años.
Según el parlamentario, esta situación ha provocado inseguridad jurídica, reducción de inversiones, pérdida de empleos y menor producción nacional.
Zambrano denunció que durante el gobierno anterior existieron políticas que favorecieron las invasiones de tierras productivas.
También señaló que algunas autoridades recibieron instrucciones para no actuar ante denuncias relacionadas con ocupaciones ilegales.
El diputado aseguró que la ley no afecta la reforma agraria ni los procesos legales de adjudicación de tierras.
Indicó que el Congreso respalda la entrega de tierras ociosas mediante los mecanismos establecidos por el Instituto Nacional Agrario.
Sin embargo, recalcó que la normativa busca impedir invasiones en propiedades que actualmente generan producción y empleo.
La ley declara como prioridad nacional la protección de la actividad agroindustrial y de las inversiones vinculadas al sector.
Asimismo, protege tierras productivas, infraestructura, cadenas logísticas, proyectos agroindustriales y a quienes desarrollan estas actividades.
El decreto establece que ninguna autoridad podrá legitimar ocupaciones o usurpaciones en tierras destinadas a la producción agroindustrial.
También ordena una actuación inmediata del Ministerio Público, la Policía Nacional y demás autoridades competentes.
Las instituciones deberán intervenir ante denuncias de invasiones, tomas, bloqueos o acciones que afecten la producción agroindustrial.
Durante el debate se incorporaron varias modificaciones propuestas por diputados de diferentes bancadas.
Entre ellas, se ordena el desalojo de propiedades productivas invadidas cuando los ocupantes no cuenten con respaldo judicial.
Además, se incluyeron disposiciones para respetar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Estas medidas requerirán procesos de consulta conforme al Convenio 169 de la OIT y la Constitución.
También fueron aceptadas propuestas para proteger a pequeños agricultores y evitar invasiones en áreas protegidas.
La aprobación de la ley generó opiniones divididas entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso.
Diputados de Libre cuestionaron la iniciativa al considerar que favorece principalmente a grandes inversionistas.
Por su parte, los impulsores del decreto sostienen que la normativa fortalece la seguridad jurídica y protege el empleo.
La iniciativa fue presentada por Tomás Zambrano el pasado 25 de mayo y aprobada tras una amplia discusión legislativa.