Once exagentes de la extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) fueron declarados culpables por su participación en hechos delictivos cometidos contra dos ciudadanos de nacionalidad filipina, según resolvió la justicia hondureña.
La sentencia fue emitida por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, de acuerdo con lo informado por el portavoz del Poder Judicial, Josué Salinas.
Los condenados fueron identificados como Bertha Janina Alemán Antúnez, Yony Omar Raudales Núñez, Nerys Desiderio Mejía Rodríguez, Fernando Josué Castellanos Canales, Wilmer Joel López Gómez, Esdras Sadrat Amaya Martínez, Evely Dalian Triminio Gonzales, Andy Josué Pérez Zelaya, Elvin Antonio Ramos, Wuilson Isaac Bonilla Hernández y Lener Gilberto Quintanilla Gallardo.
El proceso judicial se deriva de hechos ocurridos el 13 de noviembre de 2023 en la colonia Real del Puente, en Villanueva, Cortés, donde se habría ejecutado un operativo irregular.
De acuerdo con la investigación fiscal, los agentes habrían ingresado a una vivienda sin orden judicial, vulnerando derechos fundamentales de una de las víctimas de origen filipino.
Durante el procedimiento, se habrían colocado evidencias de manera irregular, además de registrarse actos de violencia, privación ilegal de libertad y tortura.
El tribunal los encontró culpables de los delitos de allanamiento por funcionario público, robo con violencia e intimidación agravada continuada, privación ilegal de la libertad por funcionario público, falsificación de documentos públicos y tortura.
Las autoridades indicaron que la víctima fue sometida a agresiones físicas y posteriormente despojada de sus pertenencias en el marco de la operación.
Este caso tuvo repercusiones institucionales, ya que derivó en la cancelación de la Dipampco por decisión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
Posteriormente, el Gobierno ordenó la creación de la División Antiextorsión, adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), como parte de una reorganización del sistema de seguridad.
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