Con todo lo que acontece alrededor de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, aparte de haberse desnudado la deslealtad de los funcionarios, a saber de los diputados, donde claramente se siente difícil tragar, a manera de bagazo, el hecho de la legitimidad del presidente del Poder Legislativo después de la denuncia de la Conferencia Episcopal de Honduras a finales del año pasado, de la incierta negociación a manera de repartición de pastel o de una maltrecha piñata para seguir ostentando y manipulando el poder para beneficio pecuniario y en la toma de decisiones, ralentizando la impartición de justicia.
Diciéndolo clara y llanamente, en primer lugar, es importante destacar que la deslealtad con Honduras es una manifestación de corrupción. Cuando un funcionario o político acepta sobornos o favores a cambio de tomar decisiones que favorezcan a ciertas personas o empresas, está traicionando la confianza que la ciudadanía ha depositado en él. La corrupción no solo afecta la legitimidad de las instituciones políticas, sino que también puede tener consecuencias económicas y sociales negativas, como la desigualdad y la falta de oportunidades para los más desfavorecidos.
Las preguntas son del por qué no aparece en la supuesta lista la señora abogada Ana Pineda siendo la del índice más alto (93.22%) y por qué se admite el ingreso de personas (en la eventual lista) que han tenido problemas con el alcoholismo –con todo y pleitos callejeros- y la justicia en Honduras y en el extranjero, así como personas ligadas a individuos que se les ha perdonado delitos con la “bendita” ley de amnistía. Con eso simplemente Honduras estará servida entregándola a los brazos del neocolonialismo chavista del siglo 21.
La presión desde el Sur de nuestro continente es bárbara, es exigente y metódica, la presión de grupos de interés que buscan obtener beneficios a cualquier costo. Los políticos y funcionarios pueden ser tentados por estas presiones y ceder a ellas para mantener el poder u obtener ventajas personales. Otra causa de este bagazo intragable es la falta de valores éticos y morales en algunos sectores de la sociedad. Cuando estos valores no son transmitidos de forma efectiva en la educación y la cultura, pueden generarse actitudes de indiferencia hacia el bien común y la democracia.
Las consecuencias serán mucho peor que graves y de largo alcance en función del tiempo y del azote a la realidad. En primer lugar, afecta la confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas y los líderes. La desconfianza puede generar apatía, lo que a su vez disminuye la participación ciudadana y debilita la democracia en especial en nuestra juventud. Las consecuencias económicas y sociales serán de por sí inauditas, con todo lo que implica ese sistema. La desigualdad más profunda, pobreza y falta de oportunidades para la ciudadanía. Las consecuencias en la estabilidad política y la seguridad nacional ya las tenemos, habiéndose agudizado desde hace un año. La falta de transparencia y responsabilidad puede generar situaciones de crisis y conflictos que pueden desestabilizar la sociedad y poner en peligro la paz que tanto nos cuesta. La espera ya ha sido demasiado larga.