Honduras continúa en un ambiente de expectativa e incertidumbre ante el retraso en el inicio del Escrutinio Especial, una fase clave del proceso electoral que aún no tiene fecha definida para arrancar.
Mientras tanto, partidos políticos, candidatos y la ciudadanía permanecen atentos a las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo responsable de conducir esta etapa destinada a aclarar las actas que presentan inconsistencias.
El foco de atención se mantiene sobre el CNE, ya que el inicio del Escrutinio Especial es considerado fundamental para despejar dudas y fortalecer la transparencia del proceso.
Esta revisión permitirá analizar nuevamente las actas señaladas por irregularidades, diferencias numéricas u otros aspectos técnicos detectados durante el conteo preliminar.
Sobre el tema, el codirector de Formación Política Electoral del CNE, Bladimir Bastida, confirmó que existe un retraso en el arranque de esta fase y aseguró que el llamado “pitazo inicial” será comunicado oficialmente a través de los canales institucionales del organismo electoral. Reiteró que ninguna fecha se dará por válida hasta que sea anunciada de manera formal.

Bastida explicó además que el Escrutinio Especial está previsto para desarrollarse en dos turnos de trabajo, uno diurno y otro nocturno, con el objetivo de avanzar de forma continua en la revisión de las actas.
Indicó que el proceso podría iniciar durante el fin de semana o, en el escenario más tardío, el lunes, aunque reconoció que hasta el momento no existe una fecha cerrada.
De acuerdo con lo establecido por las autoridades electorales, el Escrutinio Especial tendrá una duración mínima de ocho días, periodo considerado necesario para revisar de manera exhaustiva todas las actas que presentan inconsistencias.
Este plazo podría extenderse dependiendo del volumen de documentación a analizar y de los hallazgos que surjan durante el proceso.
Mientras tanto, el país permanece a la espera de que se active esta etapa decisiva, considerada crucial para brindar certeza sobre los resultados electorales y garantizar el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.


