Tegucigalpa, Honduras. Honduras entra en una nueva etapa de su estrategia contra el crimen organizado luego de que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), encabezado por el presidente Nasry Asfura, aprobara un paquete de medidas que combina reformas legales, mayor control penitenciario, coordinación entre instituciones y fortalecimiento de las fuerzas de seguridad.
Entre las principales decisiones figura la declaratoria de tres estructuras criminales como asociaciones terroristas. Inicialmente, las autoridades mantuvieron bajo reserva los nombres por razones operativas, pero posteriormente medios nacionales identificaron a las organizaciones como la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el Cartel del Diablo.
La medida se sustenta en reformas legales aprobadas durante 2026 y busca ampliar las herramientas disponibles para investigar y procesar a integrantes de estas organizaciones. El Congreso Nacional ha anunciado que respaldará las modificaciones necesarias para poner en marcha las disposiciones acordadas por el CNDS.
Régimen especial para privados de libertad
Otro de los componentes de la estrategia está dirigido al sistema penitenciario. Las autoridades plantean establecer un régimen especial para integrantes de estructuras consideradas de alta peligrosidad, con controles más estrictos sobre comunicaciones, visitas y traslados hacia módulos de máxima seguridad.
La propuesta contempla incluso a personas que se encuentren en prisión preventiva, aunque su aplicación deberá sujetarse al marco legal y a las decisiones de las autoridades competentes.
La junta directiva del Congreso Nacional ya sostuvo reuniones con autoridades del Instituto Nacional Penitenciario para analizar las reformas y medidas relacionadas con los centros penales.
Agencia contra el crimen y coordinación institucional
El paquete también contempla fortalecer la coordinación entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, organismos de inteligencia, Ministerio Público, Poder Judicial y otras instituciones vinculadas con la seguridad y la justicia.
Dentro de esta estrategia se plantea una Agencia Nacional contra el Crimen, concebida como una instancia de articulación de las capacidades investigativas y operativas del Estado.
El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, explicó además que el Gobierno trabaja en reformas bajo lo que denominó un “estado ordinario reforzado”, con el objetivo de ampliar las herramientas de persecución criminal sin recurrir, por ahora, a un nuevo estado de excepción.
Entre las propuestas mencionadas por Velásquez figura ampliar de 24 a 48 horas el período de detención para determinados casos relacionados con estructuras criminales, además de establecer reglas más claras para determinados delitos vinculados con el crimen organizado.
Circuitos judiciales especializados
La estrategia también contempla la creación o fortalecimiento de circuitos judiciales especializados para conocer los procesos relacionados con las estructuras declaradas terroristas.
El planteamiento incluye la participación de jueces, fiscales y órganos de apelación especializados, además de mecanismos de seguridad para los funcionarios que intervengan en estos casos.
La finalidad, de acuerdo con las autoridades, es concentrar capacidades para investigar delitos complejos y evitar que los procesos contra integrantes de organizaciones criminales dependan únicamente de las estructuras ordinarias disponibles.
Sin nuevo estado de excepción por ahora
Una de las decisiones del CNDS fue no recurrir, por ahora, a un nuevo estado de excepción. En su lugar, el Gobierno pretende utilizar reformas legales y mecanismos institucionales dentro del denominado “estado ordinario reforzado”.
La estrategia representa un cambio respecto a la utilización de medidas extraordinarias y busca que las nuevas herramientas sean aplicadas mediante investigaciones, capturas, procesos judiciales y mecanismos de control institucional.
El desafío: investigación y capacidad judicial
El anuncio también ha abierto un debate sobre la capacidad del sistema hondureño para aplicar las nuevas herramientas.
Expertos consultados para este reportaje han señalado que una declaratoria jurídica por sí sola no desarticula una estructura criminal. Para lograr resultados, se requiere capacidad investigativa, fiscales, investigadores, pruebas técnicas y procesos judiciales capaces de establecer responsabilidades individuales.
El especialista en seguridad Edgardo Mejía ha advertido que mientras más amplia sea la herramienta jurídica utilizada por el Estado, mayor debe ser la calidad de las investigaciones y de los mecanismos de control.
En esa misma línea, las nuevas medidas colocan nuevamente bajo discusión la situación de las cárceles, la investigación financiera, el tráfico de armas, la protección de testigos y la capacidad del Estado para perseguir las redes económicas que sostienen a las organizaciones criminales.
Una estrategia que deberá mostrar resultados
El paquete aprobado por el CNDS reúne componentes de seguridad, justicia, inteligencia y control penitenciario. Sin embargo, su impacto dependerá de cómo sean implementados los cambios y de la capacidad de las instituciones para convertir las decisiones en investigaciones y procesos judiciales sólidos.
Mientras el Gobierno apuesta por una respuesta institucional reforzada, el Congreso Nacional ha anunciado seguimiento a las medidas y exigencia de informes a las instituciones responsables.
El desafío para las autoridades será demostrar que las nuevas herramientas permiten afectar las estructuras criminales, sus liderazgos, sus fuentes de financiamiento y su capacidad de operar, manteniendo al mismo tiempo las garantías y controles establecidos por la legislación hondureña.