Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional aprobó por unanimidad reformas a la legislación penitenciaria que establecen un régimen especial de reclusión para personas capturadas como integrantes de organizaciones declaradas terroristas, como parte del nuevo paquete de medidas impulsado por las autoridades hondureñas contra el crimen organizado.
Las modificaciones endurecen las condiciones de permanencia en prisión e incluyen aislamiento, celdas individuales, restricciones a las visitas y comunicaciones, vigilancia permanente y permanencia en centros penitenciarios de máxima seguridad.
Uno de los cambios más estrictos establece que las personas sometidas a este régimen únicamente podrán salir al sol o utilizar el patio durante una hora a la semana, de manera individual o en grupos de hasta dos personas y bajo vigilancia. También deberán utilizar una vestimenta especial que permita identificar el régimen al que pertenecen.
Los privados de libertad permanecerán en celdas individuales y no podrán desplazarse libremente por los establecimientos. Cualquier salida deberá efectuarse con escolta y dentro de horarios previamente establecidos.
Restricciones a visitas y comunicaciones
Las nuevas disposiciones también limitan el contacto con el exterior. Las visitas familiares tendrán carácter excepcional y deberán contar con autorización judicial o del Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario (INP). Cuando sean autorizadas, se realizarán sin contacto físico.
Las visitas conyugales o íntimas quedan prohibidas para quienes sean sometidos al régimen especial.
En el caso de los abogados, su ingreso estará permitido bajo supervisión de las autoridades penitenciarias.
También se restringe el acceso a teléfonos celulares, computadoras, televisores, radios y otros equipos que puedan facilitar comunicaciones no autorizadas. Las llamadas permitidas serán supervisadas y grabadas, tendrán una duración máxima de 10 minutos y se limitarán a una llamada mensual, únicamente hacia números previamente autorizados.
La correspondencia escrita también estará sujeta a revisión, mientras que las autoridades reforzarán los mecanismos destinados a bloquear comunicaciones desde los centros penitenciarios, incluidos los teléfonos satelitales.
Más controles dentro de las cárceles
Las reformas establecen además controles sobre el ingreso de dinero, objetos de valor, alimentos, bebidas y otros artículos que no hayan sido autorizados por la administración penitenciaria.
Las actividades laborales, educativas, religiosas, recreativas y de rehabilitación deberán estar previamente programadas y autorizadas. Asimismo, se restringe la convivencia con privados de libertad pertenecientes a otros regímenes, salvo excepciones justificadas.
El nuevo esquema contempla vigilancia permanente mediante cámaras, sensores y personal de seguridad, además de requisas diarias a los privados de libertad y sus celdas.
Las audiencias judiciales relacionadas con los procesos penales podrán desarrollarse de manera virtual, conforme con las normas y protocolos establecidos por el Poder Judicial.
Cambios en el proceso penal
El paquete aprobado también modifica disposiciones del Código Procesal Penal. Entre ellas figura la eliminación de medidas sustitutivas para personas capturadas por su presunta pertenencia a organizaciones declaradas terroristas, por lo que deberán permanecer en prisión preventiva en establecimientos de máxima seguridad mientras se desarrolla el proceso judicial.
Además, las reformas contemplan que determinadas capturas de personas vinculadas con estas organizaciones puedan ser consideradas en situación de flagrancia aun cuando, al momento de la detención, no estén ejecutando directamente una acción criminal.
El Congreso también contempla la designación de jueces especializados para conocer los procesos relacionados con personas acusadas de pertenecer a organizaciones declaradas terroristas.
Seguridad nacional
Durante la discusión, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió las reformas como parte de las herramientas legales que el Estado necesita para enfrentar a las estructuras criminales.
El paquete legislativo forma parte de las medidas adoptadas después de las decisiones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), que declaró como asociaciones terroristas a tres estructuras criminales y planteó un régimen especial para personas vinculadas con ellas.
Las nuevas disposiciones marcan un endurecimiento del régimen penitenciario para los acusados de pertenecer a estas organizaciones. Su aplicación deberá trasladarse ahora a los centros penitenciarios y a los procesos judiciales correspondientes.
El debate también se centra en cómo serán implementadas las nuevas medidas y en la capacidad de las instituciones para garantizar investigaciones y procesos judiciales con responsabilidades individualizadas y bajo el marco legal vigente.