El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) cuestionó la reforma que aprobó el Congreso Nacional de Honduras al artículo 3 transitorio del Decreto Legislativo 282-2010 y advirtió que el cambio afecta directamente la organización del Poder Judicial y el régimen de atribuciones establecido en la Constitución.
El CNA señaló que, aunque el artículo tiene carácter transitorio, reguló de forma provisional el ejercicio de competencias administrativas mientras se instalaba el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, como parte del rediseño constitucional aprobado en 2010 y ratificado en 2011.
Por ello, sostuvo que la modificación incide en la arquitectura constitucional del sistema judicial hondureño y no constituye un simple ajuste operativo.
La organización criticó que el Congreso tramitara la reforma como si se tratara de una ley secundaria y no mediante el procedimiento rígido de reforma constitucional, que exige ratificación en la siguiente legislatura.
A su juicio, el cambio impacta la distribución constitucional de competencias, un ámbito que demanda máxima prudencia institucional.
El pronunciamiento surge luego de que el Legislativo aprobara una iniciativa que retira facultades administrativas a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, especialmente en materia de nombramientos, traslados y cancelaciones dentro del Poder Judicial.
El CNA advirtió que este precedente podría abrir la puerta a impugnaciones constitucionales y generar incertidumbre jurídica.
Además, subrayó que la propia Corte Suprema podría enfrentar una situación compleja si debe pronunciarse sobre una reforma que afecta su estructura y atribuciones.
Fortalecimiento institucional
La organización recordó que el país mantiene pendiente la aprobación de una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la normativa anterior en 2016.
Según el CNA, el fortalecimiento institucional requiere cumplir de manera integral el mandato constitucional y no realizar ajustes parciales a disposiciones transitorias.
Finalmente, instó al Congreso Nacional a promover un debate amplio, técnico y participativo para aprobar una nueva ley que reactive el Consejo de la Judicatura y restablezca los contrapesos internos del Poder Judicial, al tiempo que enfatizó que la Constitución no admite reformas indirectas que vulneren las reglas que organizan y delimitan el poder del Estado.