Tegucigalpa. La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, expresó este jueves que LIBRE pretende romper el orden constitucional.
Mediante un vídeo, Castellanos notificó al pueblo hondureño de las pretensiones del oficialismo en la próxima sesión en el Congreso Nacional.
Asimismo, enfatizó que la intención de LIBRE es anular el consenso y legitimar su voluntad para apropiarse del Poder Judicial.
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“El Congreso Nacional a lo interno se apresta a jugarle la vuelta a la Constitución y aparentemente cumplir aspiraciones políticas que concluyan con la ilegalidad”, advirtió.
Tres escenarios, según CNA
La directora, Gabriela Castellanos, aseveró que hay tres escenarios y que “ninguno de ellos está apegado a la razón y el respeto de la norma suprema”.
“El CNA lo advierte desde hoy, para que estos hechos no sean posibles y que al final se puedan concretar”, dijo Castellanos.
Por esa razón, alertó que el partido de Gobierno podría declarar el rompimiento del orden constitucional.
“El plan es responsabilizar a las bancadas que se opusieron a la propuesta presentada en la fecha que señala el articulo 312 de la Constitución de la República”.
Sin embargo, “si bien la citada disposición establece que la elección se debe efectuar en dicha fecha, la norma suprema no regula que sucederá si la elección no se concluye ese día”, detalló.
En caso de no lograrse la mayoría calificada para la elección de la nómina completa se efectuará votación directa y secreta.
Además, Castellanos declaró que la segunda pretensión pondría conducir a una elección de candidatos y candidatas por mayoría simple.
En ese sentido, Castellanos explicó que el Gobierno al declarar el rompimiento del orden constitucional en base a espurios, que responden a no concretar la elección del 25 de enero.
“Se procedería la votación con simple mayoría, omitiendo el requisito constitucional del artículo 311”.
Cabe mencionar que el articulo mencionado, dispone que los magistrados se deben elegir con 86 de 128 votos.
De la misma manera, explicó la tercera pretensión, el despojo de las funciones de los actuales magistrados quienes culminan su periodo el 11 de febrero.
“Se trata de un vacío constitucional, que es complementado por lo dispuesto en el artículo 115-7 de la ley de organización de los tribunales, esclareció.