El Congreso Nacional aprobó un decreto de amnistía tributaria que abre una ventana de cuatro meses para que personas naturales y empresas regularicen sus obligaciones pendientes ante diversas instituciones del Estado sin enfrentar sanciones económicas.
La medida llega como un oxígeno financiero para miles de contribuyentes hondureños que acumularon deudas durante un período de particular dificultad económica.
«Es un beneficio para aquellas personas y empresas cuya situación económica es muy difícil y tenían responsabilidades fiscales que no habían podido cumplir», explicó la diputada, Tania Pinto, promotora del proyecto, durante la sesión plenaria en que fue aprobado el decreto.
El alcance de la medida es amplio y abarca varias instituciones clave del Estado. En materia tributaria, el decreto otorga amnistía a quienes no cumplieron con sus deberes materiales o formales ante el Servicio de Administración de Rentas, SAR, con corte al 31 de diciembre de 2025, permitiéndoles realizar pagos extemporáneos completamente libres de multas e intereses.
Para el Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, la medida contempla una amnistía especial dirigida a patronos del sector público y privado con deudas pendientes en sus aportaciones, eliminando el pago de recargos, intereses y multas para quienes cancelen o documenten formalmente sus adeudos dentro del plazo establecido de cuatro meses.
El decreto también resolvió extender por cuatro meses la amnistía municipal, que se encontraba a apenas dos días de expirar, evitando que miles de contribuyentes perdieran el beneficio por vencimiento del plazo.
De igual forma, la amnistía se extiende a los usuarios del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, SANAA, brindando alivio a hogares con deudas acumuladas por el servicio de agua.
La medida entrará en vigencia de manera inmediata tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, por lo que los contribuyentes podrán comenzar a acogerse al beneficio en los próximos días.
El decreto representa una oportunidad concreta para que hondureños y empresas recuperen su situación fiscal sin el peso adicional de las sanciones, en un contexto económico donde la presión tributaria ha sido una carga difícil de sostener para amplios sectores de la población.
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