SAN PEDRO SULA. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, afirmó que la voluntad política es uno de los principales elementos que hacen falta para enfrentar de manera definitiva los problemas financieros y operativos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
El dirigente empresarial advirtió que los altos costos de la electricidad y la inestabilidad del servicio continúan afectando tanto a los hogares como al sector productivo, en momentos en que el Congreso Nacional mantiene abierta la discusión sobre una reforma integral al subsector eléctrico.
Qubain cuestionó que la estatal acumule pérdidas estimadas en alrededor de 50 millones de lempiras diarios, recursos que, según su planteamiento, podrían ser utilizados para atender otras necesidades prioritarias del país.
“Necesitamos sacar resultados diferentes, pero falta decisión política para dejar de perder 50 millones de lempiras diarios en la ENEE”, sostuvo el empresario.
Empresarios piden cambios estructurales
El presidente de la CCIC señaló que el problema energético no se limita a los apagones, sino que también comprende el elevado costo de la electricidad y las dificultades que enfrentan las empresas para mantener sus operaciones.
Según Qubain, esta situación afecta la competitividad de Honduras frente a otros países de la región, particularmente frente a productos provenientes de Guatemala, y limita las posibilidades de ampliar las exportaciones nacionales.
El sector empresarial ha participado en el proceso de socialización de la reforma al subsector eléctrico y ha presentado recomendaciones sobre diferentes aspectos del proyecto. La empresa privada también ha planteado medidas para combatir el hurto de energía y reducir las pérdidas de la estatal.
Reforma eléctrica sigue en discusión
Las declaraciones de Qubain se producen mientras el Congreso Nacional intenta alcanzar un acuerdo sobre la reforma eléctrica impulsada por el Ejecutivo.
El proceso legislativo sufrió un nuevo tropiezo el 26 de agosto, cuando el tercer y último debate quedó paralizado debido a diferencias entre las bancadas sobre el contenido del dictamen. Para aprobar la reforma se necesitan 65 votos.
Entre los principales puntos de discusión se encuentran la reorganización de la ENEE, la administración de sus activos, el manejo de la deuda y las reglas para el mercado eléctrico. El Partido Liberal también ha planteado modificaciones para garantizar que los activos de la estatal permanezcan bajo control público.
Costo de la energía también preocupa al sector productivo
El reclamo empresarial ocurre además después de un nuevo incremento de la tarifa eléctrica. Desde julio entró en vigencia un ajuste de 12.48 % para el tercer trimestre de 2026, equivalente a 66 centavos de lempira por kilovatio hora, llevando el costo promedio a 5.98 lempiras por kWh.
Qubain sostuvo que el elevado costo de la energía representa una presión especialmente fuerte para el comercio, la industria, las Mipymes y los restaurantes, actividades que dependen de un suministro constante para operar.
El empresario incluso señaló que algunas compañías han tenido que cerrar debido a la combinación de costos elevados y dificultades relacionadas con el servicio eléctrico.
Empresarios esperan resultados
La CCIC considera que una solución al problema energético debe traducirse en mayor estabilidad del servicio, reducción de pérdidas y condiciones más competitivas para la producción nacional.
El Gobierno de Nasry Asfura también ha anunciado medidas para mejorar la situación financiera y operativa de la ENEE, incluyendo acciones para reducir pérdidas y fortalecer las redes de distribución y transmisión.
Mientras continúan las negociaciones políticas en el Congreso, el sector privado insiste en que el país necesita decisiones concretas para evitar que las pérdidas de la estatal sigan trasladándose a las finanzas públicas y, directa o indirectamente, a los consumidores.
La discusión de la reforma eléctrica permanece así como uno de los principales desafíos económicos del país, con empresarios y autoridades enfrentando el reto de encontrar un acuerdo que permita modernizar el sistema sin comprometer la competitividad de Honduras.