La difusión de un video en redes sociales en el que dos creadores de contenido raparon a un niño en situación de vulnerabilidad a cambio de 500 lempiras provocó críticas y llevó a las autoridades hondureñas a activar mecanismos de protección para el menor.
La designada presidencial y titular del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia (Sigadena), María Antonieta Mejía, informó que se inició la ruta correspondiente para localizar al niño, conocer su situación y determinar las medidas necesarias para garantizar sus derechos.
Mejía señaló que el caso no debe limitarse a identificar al menor, sino que las instituciones deben investigar las condiciones familiares y sociales en las que se encuentra para establecer qué tipo de asistencia requiere.
La funcionaria cuestionó que la situación de vulnerabilidad de un niño sea utilizada como contenido para redes sociales y sostuvo que el Estado debe intervenir de manera inmediata cuando los derechos de un menor estén en riesgo.
No, no y no!
Su dolor no es contenido, su inocencia no es espectáculo y su dignidad no está en discusión. Este Gobierno no permitirá que la vulnerabilidad de un niño sea utilizada como entretenimiento, exposición o espectáculo.Vamos a proteger su dignidad, su integridad y sus… pic.twitter.com/r2xG44Ww7u
— Maria Antonieta Mejia (@manton15) August 18, 2026
Preparan iniciativa de ley
El caso también llegó al Congreso Nacional, donde la diputada nacionalista por Cortés, Daisy Andonie, anunció que presentará una iniciativa orientada a sancionar a creadores de contenido que utilicen situaciones de vulnerabilidad para generar ganancias o entretenimiento.
La parlamentaria consideró que lo ocurrido representa una vulneración de la dignidad del menor y planteó establecer límites para evitar que niños sean expuestos o utilizados en contenidos que puedan afectar sus derechos.
La propuesta también contemplaría la protección de adultos mayores en condición de vulnerabilidad, según adelantó Andonie.
Hasta el momento, no se han detallado las sanciones que incluiría el proyecto ni la fecha en que será presentado formalmente ante el Congreso Nacional.
Mientras tanto, las autoridades mantienen activa la búsqueda y evaluación de la situación del menor, con el objetivo de determinar las acciones necesarias para garantizar su protección.
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