Un amplio operativo policial se desarrolló este jueves en el sector de Pueblo Nuevo, municipio de Choloma, Cortés, donde las autoridades ejecutan el desalojo de al menos 51 manzanas de terreno que, según informes oficiales, habrían sido ocupadas de manera ilegal.
La acción dejó varias personas detenidas y escenas de tensión entre los pobladores y los agentes encargados del procedimiento.
La Policía Nacional informó que previo al desalojo fueron capturados varios individuos señalados por la ocupación constante de predios en la zona norte del país.
De acuerdo con las autoridades, algunos de los detenidos contarían con antecedentes relacionados con invasiones de tierras e incluso existirían órdenes de captura pendientes en determinados casos.
El operativo es ejecutado por un contingente de aproximadamente 250 funcionarios policiales, quienes cuentan con el acompañamiento de observadores de Derechos Humanos para garantizar el respeto a los derechos de las personas involucradas.
Las autoridades sostienen que la intervención busca recuperar terrenos que han permanecido bajo ocupación irregular durante varios años.
Según reportes preliminares, algunas personas habrían opuesto resistencia al procedimiento, situación que derivó en nuevas detenciones dentro del predio.
Durante el desarrollo del desalojo se registraron momentos de angustia, con mujeres desmayadas, niños llorando y familiares observando cómo varios pobladores eran trasladados en patrullas policiales.
La Policía Nacional aseguró que los capturados deberán responder ante la justicia por el supuesto delito de usurpación de tierras.
Asimismo, señaló que algunos de los involucrados intentaron identificarse como miembros de grupos indígenas, aunque las autoridades sostienen que se trata de invasores reincidentes que han participado en ocupaciones similares en otros sectores de la región norte.
Por su parte, varios habitantes rechazaron los señalamientos y afirmaron que no son invasores. Algunos pobladores manifestaron pertenecer a una comunidad indígena que, según aseguran, ha habitado y trabajado esas tierras durante más de 70 años.
Además, denunciaron que el desalojo afecta a familias que consideran el terreno como parte de su patrimonio histórico y cultural.
Mientras continúan las acciones policiales en la zona, las autoridades mantienen un llamado al diálogo y aseguran que el procedimiento se realiza en cumplimiento de resoluciones judiciales.
Entretanto, la situación sigue generando controversia entre quienes reclaman la propiedad legal de los terrenos y las familias que sostienen tener derechos ancestrales sobre las tierras en disputa.