El director de Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, pidió que cualquier juicio político contra funcionarios señalados por obstaculizar procesos democráticos se realice sin impunidad, pero respetando estrictamente el debido proceso y las garantías constitucionales.
Aguilar afirmó que en varios casos recientes existen indicios que podrían sustentar acciones contra funcionarios públicos; sin embargo, subrayó que el procedimiento debe documentarse de forma rigurosa y con suficiente material probatorio, ya sea mediante una denuncia formal o a través de una moción presentada por diputados ante el Congreso Nacional de Honduras.
“Estamos a favor de que ningún hecho quede sin castigo, especialmente cuando se intentó socavar el proceso electoral y la institucionalidad democrática. Pero si se aplicará la ley de juicio político vigente desde 2013, debe hacerse conforme a derecho y sin dudas”, expresó.
De acuerdo a la ley
El representante de ASJ advirtió que una destitución sin cumplir los procedimientos legales podría provocar futuras demandas contra el Honduras, recordando que en administraciones anteriores algunos partidos políticos impulsaron remociones sin apego estricto a la normativa.
Asimismo, señaló actuaciones del Ministerio Público de Honduras, al que acusó de impulsar un proceso judicial contra tres personas de la tercera edad, acusadas de terrorismo en un caso que calificó como político.
Según indicó, los imputados están próximos a cumplir un año en prisión preventiva, lo que él considera que vulnera derechos fundamentales protegidos por la Constitución.
Aguilar también mencionó actuaciones de funcionarios electorales, entre ellos el consejero del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Marlon Ochoa, y el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral de Honduras, Mario Morazán, quienes habrían obstaculizado el proceso electoral al no asistir a sesiones establecidas por la ley, afectando el desarrollo del calendario electoral.
La unidad en el CN será clave
En cuanto a la viabilidad política de un juicio político, Aguilar consideró que los votos podrían alcanzarse si las principales fuerzas del Legislativo actúan en conjunto, señalando que la suma de diputados de los partidos Nacional y Liberal superaría los 90 votos, a los que podrían sumarse legisladores de otras bancadas.
Diversos sectores de la sociedad han mantenido la exigencia de impulsar este mecanismo, postura que también ha sido respaldada recientemente por el presidente de la República, Nasry Asfura, lo que incrementa la presión sobre el Congreso para analizar posibles iniciativas.
Desde ASJ reiteraron que el combate a la impunidad debe sustentarse en pruebas claras y en el respeto pleno al marco constitucional.