ASJ denunció ante el Ministerio Público un presunto manejo irregular de fondos administrados por diputados del Congreso Nacional entre 2023 y 2025, y pidió investigar posibles delitos en Honduras nacionales.
Mediante ALAC, la organización solicitó investigar la aprobación, ejecución y liquidación del Fondo de Administración Solidaria, cuya distribución involucró millonarios recursos públicos durante ese período, según el escrito presentado oficialmente.
Según la denuncia, los diputados asignaron L1,837,349,701.14 mediante la línea presupuestaria 449, administrada por la Secretaría de Finanzas, para financiar distintos proyectos y beneficios sociales durante el período señalado públicos.
ASJ sostiene que esa partida posee carácter discrecional, pero está destinada exclusivamente a obligaciones crediticias, avales y emergencias por desastres naturales o calamidad pública, según la normativa vigente en Honduras.
El documento cuestiona que esos recursos fueran utilizados para financiar becas, obras sociales, canchas deportivas e infraestructura menor, porque esos destinos no estarían contemplados dentro de la partida presupuestaria legalmente.
Denuncia a SEFIN
La denuncia solicita a SEFIN copias certificadas de resoluciones emitidas entre 2023 y 2025 sobre asignaciones dirigidas a instituciones públicas involucradas directamente en la administración del fondo cuestionado institucionales involucradas.
Entre las entidades señaladas figuran SEDESOL, FHIS, SIT, CONDEPOR, FOSEDE, EDUCRÉDITO y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, según consta en el documento presentado por ASJ públicas públicas.
Uno de los casos expuestos corresponde a BANASUPRO, que canjeó 199,701 cupones alimenticios valorados en L187,567,800 durante el período investigado entre 2023 y 2025 con recursos estatales públicos adicionales verificables.
Sin embargo, ASJ señala que solamente el 37% de esos cupones había sido liquidado, situación que genera cuestionamientos sobre la ejecución y comprobación financiera de los recursos asignados públicos.
Becas
En materia de becas, la organización reportó una asignación de L110,130,000 cuya liquidación tampoco pudo comprobarse plenamente debido a restricciones informativas existentes entre instituciones, según la información disponible oficiales actualmente.
Según la denuncia, BANADESA y SEDESOL suscribieron un acuerdo de confidencialidad que limita el acceso a información, pese a las obligaciones establecidas por la normativa de transparencia pública nacional vigente.
Para ASJ, los hallazgos sugieren que la distribución de recursos habría respondido a diputados gestores y no necesariamente a criterios técnicos, objetivos y previamente establecidos por las instituciones correspondientes previamente.
La organización considera que esta práctica pudo convertir los beneficios sociales en mecanismos de promoción política individualizada, especialmente antes de las elecciones generales celebradas en Honduras durante 2025 legalmente establecidos.
Respecto a la rendición de cuentas, ASJ afirmó que las instituciones involucradas no entregaron los informes de liquidación exigidos legalmente para justificar el uso de fondos públicos durante ese período.
SEDESOL y Gobernación
SEFIN confirmó esta situación respecto a SEDESOL y Gobernación, mientras el Tribunal Superior de Cuentas indicó que tampoco encontró registros de esos informes correspondientes al período investigado en sus revisiones.
Además, SEDESOL habría reconocido ante ASJ que los fondos ejecutados permanecen sin liquidar y que desconoce cuál procedimiento debía seguir para completar esa obligación administrativa pendiente en materia de transparencia.
Ante estos señalamientos, ASJ pidió al Ministerio Público investigar a todos los diputados que gestionaron el Fondo de Administración Solidaria durante el período comprendido entre 2023 y 2025 directamente formalmente.
La organización instó a las autoridades a determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes, al considerar que existe un riesgo para la transparencia y administración pública hondureña del país actualmente.
ASJ advirtió que el manejo directo de recursos estatales por legisladores, sin criterios técnicos ni adecuada rendición de cuentas, representa una amenaza para el erario nacional de Honduras hondureño.
Finalmente, la organización señaló que esclarecer estos hechos resulta necesario para fortalecer la transparencia institucional, garantizar controles efectivos y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas hondureñas del Estado.