La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Anabel Gallardo, expresó su profunda preocupación por la decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco que pone fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, efectiva a partir del 8 de septiembre de 2025.
La medida afectará a más de 72,000 hondureños que han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos durante décadas.
“La suspensión del TPS es un duro golpe para Honduras. Miles de familias están siendo afectadas”, afirmó Gallardo en un mensaje publicado en X.
La líder empresarial destacó la necesidad de una respuesta unificada ante esta crisis. “Desde el sector privado estamos dispuestos a trabajar junto al Gobierno y con quien resulte electo en noviembre para el bienestar de nuestros compatriotas”, agregó.
El TPS, que protegía a los hondureños desde 1999 tras el huracán Mitch, no solo beneficiaba a los migrantes directamente, sino que también impactaba la economía nacional, ya que las remesas enviadas por estos ciudadanos representan una fuente vital de ingresos para el país.
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El COHEP se comprometió a colaborar en la búsqueda de soluciones integrales, incluyendo programas de reinserción laboral y apoyo a los retornados, con el objetivo de mitigar el impacto social y económico de esta decisión.